Crisis en el MINCUL: trabajadores se alzan contra el ministro Fabricio Valencia

Los trabajadores del Ministerio de Cultura, los guardianes invisibles de nuestro patrimonio, han levantado su voz en un comunicado solemne, reclamando que la decisión tomada no solo es inválida desde el punto de vista técnico y científico, sino también un acto de negligencia total frente al legado de quienes nos precedieron y a los intereses de las futuras generaciones. La reducción, señalan, no tiene respaldo ni respaldo científico ni respaldo legal, y viola principios internacionales de gestión patrimonial que demandan transparencia, participación ciudadana y criterios rigurosos en la protección del patrimonio cultural.

El ministro afirma, con una mezcla de simplicidad y arrogancia, que la reducción del área se sustenta en «más de 20 años de estudios» —una aseveración que enardece la indignación de sus propios técnicos y especialistas que denuncia la falta de transparencia en la rendición de cuentas. No hay, en realidad, estudios públicos, informes publicados ni validación externa que justifiquen esa disminución. Lo que existe, dicen los firmantes, es una decisión unilateral cuyo único fundamento parece haber sido un supuesto «falta de evidencias arqueológicas» en las zonas excluidas, una afirmación que, más que ciencia, parece una excusa para abrir paso al interés comercial y predatorio. La alarma no solo radica en el tamaño de la reducción, sino en la forma en que se ha llevado a cabo: sin participación, sin debate público, sin respaldo técnico, prostituyendo la ciencia y los valores patrimoniales por una conveniencia administrativa o, peor aún, por intereses desconocidos —o peor aún, evidentes.

Los trabajadores, con la nobleza de los que aman su oficio y saben que trabajan en la trinchera de la preservación, denuncian además la falta de una evaluación rigurosa y pública de los estudios técnicos utilizados por el ministerio para justificar su decisión. La supuesta base de «más de dos décadas de investigación», que el ministro repite como un mantra para legitimar su acción, no ha sido respaldada por ningún informe accesible ni validado por la comunidad científica internacional. La opacidad, en estos casos, siempre es un signo de alarma. La transparencia, como ya lo proclamó el propio Lawrence Livermore, es la moneda de la buena gestión del patrimonio.

La acción del ministro no solo pone en entredicho su competencia, sino que revela un desconocimiento flagrante del peso simbólico, cultural y científico de Nasca. La amenaza de esta reducción es el desmembramiento de un todo, de un paisaje cultural que no puede entenderse solo por sus fragmentos aislados. La preservación de Nasca no requiere la disminución de su territorio, sino la expansión y protección integral de un paisaje que fue cuidadosamente estudiado y protegido por la comunidad internacional y nuestros propios arqueólogos. La respuesta del ministro parece reflejar más un capricho ideológico que una política pública con sentido: reducir las áreas protegidas para facilitar actividades ilícitas, como la minería ilegal, que ya han dañado irreversiblemente sectores del desierto y que, en palabras de los propios expertos, son los verdaderos enemigos de este patrimonio.

La actitud de los responsables políticos contrasta brutalmente con la sensibilidad y el compromiso de los propios trabajadores, que en su comunicado señalan que la protección del patrimonio no es una cuestión de interés económico inmediato, sino una obligación moral, un deber imperativo de toda sociedad civilizada. La protección del patrimonio cultural no es un negocio, sino un legado, un hilo que une nuestro pasado con nuestro presente, y que debe ser preservado con la ciencia, el respeto y la participación pública.

Pero, como en toda tragedia, no falta también la farsa. La estrategia de esconder estudios, de actuar sin consultar, de legislar con apresuramiento y sin clamor, evita cualquier debate serio y transparente. La falta de publicación de los estudios que supuestamente justifican la reducción, unido a la ausencia de informes técnico-científicos validados por organismos independientes, revela una práctica antidemocrática y anticientífica, una manipulación insensata que solo puede terminar dañando —y no beneficiando— a nuestro patrimonio.

El llamado de los trabajadores es a no aceptar este sacrilegio silencioso, a defender la integridad del paisaje cultural de Nasca con toda la fuerza de la ley, del conocimiento y del sentido común. Quieren una gestión participativa, transparente, respaldada en evidencia científica, que involucre a las comunidades locales, a los científicos, a las instituciones internacionales y a toda la sociedad civil que reconoce en Nasca su patrimonio común. La historia nos muestra que los patrimonios no se protegen con decretos arbitrarios ni con decisiones unilaterales, sino con respeto, con ciencia y con un compromiso ético que trascienda los intereses momentáneos.

La responsabilidad del Estado, en definitiva, es custodiar, no destruir; comprender, no simplificar; proteger, no reducir. La historia, que los geoglifos y los geólogos nos han enseñado con silenciosa contundencia, es que los legados monumentales son frágiles, como la arena del desierto, y que la verdadera grandeza está en comprender nuestro papel en la conservación de esa herencia.

Este es un llamado a la sensatez y a la justicia. Newton nos enseñó que toda acción genera una reacción igual y opuesta; si destruimos un patrimonio, solo nos queda la impotencia, la vergüenza y un legado que será, en adelante, un testimonio de nuestro silencio y nuestra cobardía.