Opinión

Credicorp tras Machu Picchu

Lee la columna de Edwin Cavello

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La gran ignorancia y el hambre de poder de Dina Boluarte nos está trayendo graves repercusiones en el sector cultural. Desde su gobierno y mediante el Ministerio de Cultura no solo se ha impulsado la eliminación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), una propuesta que encierra un gran lobby, y que buscaría beneficiar a un puñado de empresas privadas, sin importar el atentando contra nuestro patrimonio cultural.

No conformes con esta barbarie, Dina Boluarte y su ministra de Cultura Leslie Urteaga, insisten en privatizar la venta de boletos a Machu Picchu, una maniobra comercial que busca beneficiar directamente a la empresa Joinnus, adquirida a principio de año por el holding Credicorp, quien también es dueña de Prima AFP, Banco de Crédito del Perú (BCP) y otras subsidiarias.

Esto ha encendido las alarmas en la ciudad del Cusco, ya que según los trabajadores del sindicato SITRACAS, la empresa Joinnus, se llevaría la millonaria cifra de 7 a 10 millones de soles al año por realizar lo mismo que actualmente hace el sistema gestionado por los propios trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC). Es decir, una tercerización absurda que viene siendo denunciada desde el ombligo del mundo.  

El viernes pasado por la mañana, en Cusco se presentó lo que sería el alquiler y el manejo del software para la venta de boletos, la sorpresa fue grande cuando los propios trabajadores de la DDC reclamaron que esto era una presunta estafa, ya que en el software presentado no existiría ninguna mejora ni contribución adicional, y por hacer lo mismo cobraría el 4.2% por boleto. Un negocio redondo para Joinnus de Credicorp que pretende darse con el aval de Dina Boluarte y la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

Los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cusco reclaman en voz alta, señalando que esos 7 o 10 millones de soles, debería servir para mejorar el sistema actual y no para beneficiar directamente a una empresa privada. Aquí ya podemos hablar de presunta corrupción, porque para elegir a la empresa no se ha realizado un concurso público; todo ha sido a dedo.

Los sindicatos y los frentes de defensa del Cusco han señalado que no permitirán ningún atropello y que de ser necesario bloquearán las carreteras de ingreso a Cusco y todos los caminos hacía Machu Picchu. La lucha contra el lobby, ha sido declarada.

(Columna publicada en Diario UNO)

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