COVID 19 DEJA MUERTE Y DESOLACIÓN EN COMUNIDADES SHIPIBO-KONIBO DE LA AMAZONÍA ANTE EL ABANDONO DEL MINISTERIO DE CULTURA

El 18 de mayo pasado la Federación de Comunidades Nativas del río Ucayali y Afluentes (FECONAU) reportó que, hasta el momento, 45 indígenas del grupo étnico Shipibo-Konibo han fallecido a causa del COVID-19 en la región Ucayali. «Estamos en una situación de extrema gravedad con más de 45 personas Shipibo-Konibo fallecidos y muchas personas de comunidades nativas y mestizos campesinos con síntomas del COVID-19 en toda nuestra región», alertó la FECONAU.

Pero esta situación no solo ataca a los shipibos del Ucayali, el pasado 11 de mayo se reportó la muerte de 11 shipibos de la comunidad de Cantagallo en el Rímac, en plena ciudad de Lima, a menos de un kilómetro de distancia de Palacio de Gobierno: “La comunidad shipibo-konibo ubicada en el Rímac registró el fallecimiento de tres personas y hasta el momento se desconoce el número exacto de infectados. Según la última muestra que tomó el Ministerio de Salud (Minsa) en esta zona, el sábado 2 de mayo, de las 120 pruebas realizadas, la mitad dio positivo”.

Desde Loreto la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) confirmó que el presidente de esta institución, Lizardo Cauper y el presidente de ORAU, Berlin Diques, dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Hasta el 11 de mayo, seis personas habían muerto en la comunidad indígena tikuna de Bellavista de Callarú en solo una semana. Todas ellas son víctimas del COVID-19, enfermedad que ha logrado vencer las barreras de aislamiento del pueblo tikuna asentado en la Amazonía norte de Perú, en la triple frontera con Brasil y Colombia. “Estamos pidiendo auxilio”, reclama angustiado Omar Montes del otro lado del teléfono, el obstetra del centro de salud de esta comunidad tikuna, que, junto a un técnico de enfermería y un laboratorista, libra la batalla contra la pandemia totalmente desarmado. “No tenemos camas para internamiento, no tenemos balón de oxígeno ni medicinas ni indumentaria para protegernos. Siento que estoy perdiendo la batalla”.

El pasado 7 de abril los medios de comunicación de Loreto informaron que el COVID había llegado a las comunidades nativas, sin que el Estado a través del Ministerio de Cultura elaboren planes de acción para proteger a estas personas vulnerables: «El coronavirus llegó a San Lorenzo, capital de la diversidad de los pueblos indígenas —chapra, awajún, kichua, shawi, achuar, candoshi, wampis, siwilu y cocama-cocamilla— donde no existe garantías por la vida de los hermanos indígenas», le dijo Ismael Pérez Petsa, líder indígena awajún al diario El Comercio. El líder awajún también señaló que han pedido a las autoridades un plan de contingencia especial por la existencia de comunidades indígenas en la región.

Hace una semana la Defensoría del Pueblo también se pronunció solicitando la misma medida para Loreto: «Existe un elevado riesgo de que las comunidades puedan contagiarse si no se implementan oportunamente medidas complementarias. En ese marco, se invoca al Ministerio de Cultura, como ente rector en la protección de pueblos indígenas, liderar en el más breve plazo la elaboración e implementación de un plan de contingencia especial […]», dijo entonces la institución.

El 23 de abril de 2020 el diario Gestión sección internacional publicó un artículo donde señalaban que la mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana: Aidesep), en representación de 1800 comunidades nativas del Perú, mediante una carta cursada a los relatores de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas del sistema de la ONU, denunció al Estado peruano ante las Naciones Unidas por el “peligro de etnocidio” al que están expuestos los pueblos nativos de la mayor selva tropical del mundo por la pandemia del Covid-19.

El pasado 18 de mayo los medios informaron que el COVID 19 había atacado a 17 personas de la comunidad nativa de Santa teresita en Madre de Dios, a dos horas de distancia en bote a motor de Puerto Maldonado. El Gobernador Regional de Madre de Dios Luis Hidalgo y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes informaron que se comunicaron con funcionarios del Ministerio de Cultura –cartera encargada de las comunidades nativas–, para recordarle que la región no tiene más pruebas rápidas que permitan culminar con el descarte de contagios. Hasta el momento no hay una respuesta.

El pasado 11 de abril el presidente de la Reserva Comunal Amarakaeri, Walter Quertehuari, dijo a OjoPúblico que: “El temor es bastante grande porque nosotros estamos desprotegidos, no tenemos puestos de salud implementados, y si llega el coronavirus será una tragedia para nuestros pueblos”, comentó.

En la región San martín, ante la incomunicación del Ministerio de Cultura, los pueblos Kichwa, Awajun y Shawi, integrados en la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM) hicieron público un documento que recoge recomendaciones para el manejo del coronavirus al interior de las comunidades nativas.

Todos estos problemas vienen pasando las comunidades nativas desde fines de marzo. Pero pasaron las semanas y la incapacidad de la ministra Sonia Guillén Oneeglio y la viceministra de Interculturalidad, hizo que no se desarrolle ningún plan de acción para proteger a estas poblaciones vulnerables. Hoy todo es muerte, desolación, temor y destrucción en las comunidades nativas de la Amazonía, altamente vulnerables al COVID 19 por la falta de centros y equipos de salud en sus comunidades, que se encuentran a varios días de distancia de las ciudades donde hay hospitales. Lo que es peor es que los muertos de estos hermanos amazónicos, que son peruanos como nosotros no estarían siendo contabilizados en los reportes diarios que emite el presidente Vizcarra, esto por la desinformación del Ministerio de Cultura. ¿O es que para el Ministerio de Cultura no son importantes estos peruanos como para protegerlos, que ni a los shipibos de Lima se les está protegiendo?

La ministra Sonia Guillén Oneeglio y la viceministra de Interculturalidad Angela Acevedo Huertas, cargarán por el resto de sus días la muerte de estas personas por su inacción, hecho que supera ampliamente al Baguazo, por la cantidad de muertos que ya van y que aumentan considerablemente. Estos hechos deben ser investigados y sancionados sus responsables (además de estas altas autoridades del Ministerio de Cultura) por abandono de personas vulnerables al peligro a este virus y como delitos de lesa humanidad.