Contratos sin méritos: el caso de Jhino Aguilar Villegas en el Minedu

En el Ministerio de Educación (Minedu), la meritocracia parece desvanecerse cuando pesan más las lealtades políticas y sindicales. Un caso paradigmático es el de Jhino Aguilar Villegas, dirigente del sindicato FENATE PERÚ y actual subsecretario del SINTER Amazonas, quien fue favorecido con contratos públicos a pesar de que contaba con antecedentes penales en su momento.

Según documentación oficial, Aguilar Villegas fue contratado por el Minedu en 2024, cuando aún registraba antecedentes por incumplimiento de obligaciones alimentarias, vigentes al 27 de agosto de ese año. Sin embargo, al día siguiente —el 28 de agosto— se emitió la Orden de Servicio N.º 7786, por un monto de S/ 23,520.00 a su favor. Esta no sería su única contratación: el 27 de febrero de 2025, el Minedu volvió a contratarlo mediante la Orden de Servicio N.º 2809, por S/ 14,000.00.

Órdenes de servicio. Fuente OSCE.

Su nombre no es ajeno a los pasillos del ministerio. Entre 2016 y 2024, Aguilar trabajó como docente contratado en la UGEL Condorcanqui, en Amazonas, donde coincidió con personajes hoy clave en el entorno del ministro Morgan Quero: el abogado Manuel Castillo Calle, actual asesor del despacho ministerial, y José Moreno Ocampo, actual director de la DIGEBIRA (Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios ducativos en el Ámbito Rural).

Según fuentes internas del ministerio, tanto Castillo como Moreno estaban al tanto de los antecedentes de Aguilar, pero habrían impulsado su contratación pese a las objeciones del área de logística. No hubo concurso, ni evaluación técnica, ni verificación de méritos. Solo una consigna: «hay que contratarlo».

Ministro Morgan Quero y el cuestionado Aguilar Villegas en su llegada al Cenepa.

El problema no se limita a quién se contrata, sino cómo se lo hace. Las órdenes de servicio, modalidad bajo la cual fue incorporado Aguilar Villegas, no exigen la presentación de boletas, constancias ni certificaciones previas de experiencia laboral. Esta falta de controles permite incorporar operadores políticos sin pasar por filtros mínimos, mientras miles de docentes en todo el país enfrentan procesos largos y rigurosos para acceder a una plaza.

En paralelo, el Congreso guarda silencio. La Contraloría General de la República no se pronuncia. Y los profesionales de la educación —aquellos que sí cumplen con los requisitos, que sí cuentan con trayectoria comprobada— siguen esperando que algún día el mérito pese más que la cercanía al poder.