Ayer el contralor general de la República Nelson Shack confirmó que 3,547 funcionarios y servidores públicos están identificados con presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas en sus informes de control que han emitido a nivel nacional, durante el año 2021.
Asimismo, Shack, agregó que entre los servidores del Estado hay más de un tipo de responsabilidad penal y que en esa línea, compete al Procurador General del Estado Daniel Soria interponer las acciones legales ante el Poder Judicial o la Fiscalía.
A pesar de eso debido a la sobrecarga procesal, todos aquellos que cometieron presuntos delitos de corrupción o inconductas funcionales en agravio del Estado, continúan sin sanción y bien colocados en sus cargos. Y eso es precisamente, lo que aumenta la sensación de impunidad en la sociedad civil con respecto a la administración pública.
Shack Yalta, también sostuvo que la Contraloría desde el mes de julio, mediante la Ley Nº 31288 acaba de recuperar su facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, hasta por cinco años, a los que cometan infracciones administrativas graves o muy graves, ya que la sanción administrativa que se aplica luego de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) se realizan independientemente de las acciones legales civiles y penales, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial; además, desde 2022, la Contraloría aplicará las sanciones administrativas PAS a quienes incurren en inconducta funcional, para separarlos temporalmente del Estado para que no continúen haciendo daño y ocasionando un perjuicio al Estado.
