Contraloría expone que la corrupción hizo perder al Perú más de 25 mil millones de soles el año pasado

Fuera de cualquier tinte político, el verdadero responsable de que no haya desarrollo económico dentro del Perú es la corrupción, y ese mal se encuentra enquistado en todos los estratos de la sociedad. Por lo tanto, más allá de reclamar nuevas reglas de juego en materia constitucional, lo que realmente se requiere es algo muy simple: que la gente deje de robar u otorgue favores a terceros que no cumplen con el perfil para un puesto dentro del Estado.

El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que su institución estimó que en el 2022 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron un perjuicio económico de al menos S/ 25 mil millones.

En entrevista para Exitosa, el funcionario aclaró que la afectación a las arcas del Estado comprende el gobierno de Pedro Castillo y el año en general.

“Más allá de S/ 25 mil millones perdidos en 2022, por los datos que tengo, de todas maneras ¿eso qué significa? Que S/13 de cada S/100 que se gasta en el Perú se pierde o porque lo roban o porque hay ineficiencia, despilfarro e incompetencia. Ese es el tamaño de la pérdida”, lamentó el Contralor general.

Agregó que si solo se perdiera la mitad, “no habría más pobres”, debido a que la brecha de pobreza monetaria es de S/ 12 mil millones.

El contralor recordó que aunque la pérdida económica del año pasado es similar a la reportada en 2021, explicó que en 2022 se ejecutó mucho más presupuesto público.

“Por eso, en términos absolutos, no me cabe ninguna duda que el monto de pérdida total de corrupción estará por encima de los S/25 mil millones”, anotó.

Ineptitud de los funcionarios le cuesta caro a todos los peruanos

Además, durante el 2022, la Contraloría General de la República, como resultado de sus informes de control posterior, determinó presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 8,730 funcionarios públicos en cargos de titular, directivos, profesionales y técnicos de diversas entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, informó el contralor general, Nelson Shack.

“En el 2022 hemos identificado a más de 8,730 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad, eso es 1,000 más que lo detectado en el 2021. De esos 8,730 hay 3,000 que pertenecen a entidades del gobierno nacional y esta cifra significa 40% más que lo reportado en 2021”, apuntó.

Shack enfatizó que estos funcionarios y servidores que cometen irregularidades opacan la buena labor que realizan miles de colaboradores del sector público, y eso evita que se beneficie a los ciudadanos que esperan acceder a obras y servicios públicos de calidad y de manera oportuna.

Como parte del balance del control gubernamental correspondiente al 2022, indicó que en total hay 6,219 directivos con presunta responsabilidad en hechos irregulares; 2,494 profesionales; 219 técnicos y 134 titulares de entidades públicas.