De acuerdo a un informe elaborado por la Contraloría, al menos 26 funcionarios del Fondo Mivivienda (FMV), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, tendrían responsabilidad penal al estar comprendidos en los hechos que terminaron beneficiando a la empresa Marka Group, de la empresaria Sada Goray.
El 3 de febrero de 2021, Sada Goray le comunicó al FMV la intención de su empresa inmobiliaria Marka Group de suscribir un convenio para otorgar créditos hipotecarios para la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS).
En los siguientes meses, su compañía intercambió una serie de correos electrónicos con la entidad.
José Forero Monroe (Gerente Comercial), Paulo Morán Villanueva (Jefe del Departamento de Administración de Canales y atención al Cliente), Hernando David Carpio Montoya (Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales) e Iván Nino Huertas Gastiaburú (Gerente de Riesgos y miembro del Comité de Riesgos) fueron los que recibieron la documentación que envió Goray.
Sin embargo, ninguno de ellos hizo alguna observación relacionada a los formularios que envió la empresaria.
Se advierte que se intercambió documentación por correo electrónico, hecho que contraviene a las normas.
A los nombres antes mencionados se suman Linda Ávila (Gerente Legal) y María Teresa Rivas (Asesora de Gerencia Comercial), funcionarias que accedieron a las comunicaciones y tuvieron conocimiento de la información remitida por Marka Group. Incluso, opinaron sobre el cumplimiento de los requisitos.
Posteriormente, el 18 de agosto de 2021, sesionó de manera virtual el Comité de Riesgos del FMV conformada por la presidenta Greta Pedal, así como los miembros José Olivares, Bruno Novella e Iván Huertas. En calidad de participante estuvo presente Sandro Cáceres, jefe del Departamento de Riesgo de Crédito y Seguimiento de Cartera.
En la sesión, Paulo Morán expuso que Marka Group presentó la solicitud de suscripción para otorgar préstamos y que cumplió los requisitos. Sin embargo, la Contraloría dio cuenta de que la compañía de Goray no presentó los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios anuales, la clasificación de riesgos externa vigente y la declaración jurada sobre el origen de los fondos que se destinarán para el otorgamiento de préstamos con garantía hipotecaria.
La Contraloría advierte que los funcionarios que firmaron y visaron el convenio, permitieron que se supriman aspectos importantes y de cumplimiento.
El informe de la Contraloría de 264 páginas recomienda que toda la información sea remitida al presidente del Directorio del FMV, para que traslade los casos a la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda.
“Remitir el presente informe a fin de iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación de la presente auditoría, con la finalidad de que se determinen las responsabilidades que correspondan”, concluye el documento.