Política
Contraloría advierte que Dina Boluarte habría cometido infracción constitucional
Informe indica que vicepresidenta habría firmado documentos de una asociación privada cuando ya era ministra.
Buscan apartarla del camino. De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, la vicepresidenta Dina Boluarte habría cometido una infracción constitucional, pues se menciona que habría firmado documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya se encontraba ejerciendo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Dicho documento se basa en la labor de fiscalización realizada por la Contraloría entre los meses de setiembre y enero, el cual fue remitido el viernes por la tarde al Congreso de la República para ser evaluado y se tomen las acciones correspondientes.
“La fiscalizada durante le periodo del ejercicio del cargo de Ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo, lo cual resultaría incompatible con su cargo”, se lee en el texto.
Según la Contraloría, esto podría evaluarse como una “presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”. Dicho extracto de la Carta Magna señala que un ministro no puede ejercer otras funciones públicas excepto la legislativa, ni ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
Es importante mencionar que Dina Boluarte se encuentra en la ciudad de Davos -Suiza, participando en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial, y se tiene previsto su retorno al Perú este 27 de mayo.
En tanto, el despacho de Desarrollo e Inclusión Social fue encargado al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino por este tiempo.
Lo que le podría esperar a la vicepresidenta
El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró que el Congreso, a raíz del informe de Contraloría, podría acusar constitucionalmente a Boluarte Zegarra. Agregó que, si la denuncia procede, la abogada podría ser no solo destituida del cargo de ministra, sino también “inhabilitada hasta por 10 años” para ejercer la función pública.
Urbina, en comunicación con el diario El Comercio, señaló que si el Parlamento inhabilita a Boluarte, ella no podrá continuar como primera vicepresidenta de la República y tampoco asumir la administración del Despacho Presidencial, cuando el presidente Pedro Castillo se ausente del país o si llegará a renunciar o ser vacado.
“Para [la inhabilitación] no son necesarios 87 votos, para la acusación constitucional se requieren 66 votos [fuera de los integrantes de la Comisión Permanente]”, explicó.