Tras haberse anunciado que distintas regiones del país entrarán nuevamente en cuarentena focalizada, los ciudadanos de la región sur del país no pueden sostenerse más ya que sus negocios y el comercio mismo no aguantaría un estancamiento más. Su descontento se ha hecho notar con el bloqueo de dos puentes internacionales, el transporte urbano paralizado y movilizaciones masivas, gran parte de pobladores en la región de Puno acataron el segundo día del paro preventivo de 48 horas en repudio a las medidas económicas y sanitarias del Gobierno central.
En la provincia de San Román, el paro fue contundente debido a la decisión de la Organización de Transportistas (ORDET) del transporte urbano de suspender la prestación del servicio en refuerzo a la medida de lucha.
Debido a esta decisión, los mercados, centros comerciales, financieras e instituciones públicas y privadas pusieron una pausa a sus actividades.
Donde también se sintió con fuerza la paralización, fue en las provincias de Ilave, Yunguyo, Melgar y Huancané, donde se cerraron puentes con bloqueo humano (algunos internacionales), quema de llantas y cerco de piedras.
Esto provocó que cientos de vehículos de carga pesada, buses de empresas interregionales y vehículos particulares queden varados por varias horas.
De igual manera en Carabaya y otras partes de la zona norte del altiplano puneño acataron el paro, junto a las bases sindicales de construcción civil, Sindicato Único de Trabajadores en la Educación (SUTEP).
Por otra parte, particularmente en la provincia de Puno los distribuidores de gas doméstico se desplegaron contra el alza del precio del balón de gas y los bordadores exigieron reactivación económica con responsabilidad.
Solicitaron la remediación de las cuencas hidrográficas y del lago Titicaca, atención de calidad en los establecimientos de salud y una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.
En cada lugar el pliego de reclamos varió según sus demandas; sin embargo, coincidieron en rechazar la cuarentena con restricción de los derechos humanos.
Durante la jornada, dirigentes como Amador Núñez del FOP de Puno, cuestionaron al Ministerio Público por notificar a los dirigentes sobre la medida de lucha que inició ayer y dejó entrever que con ello se pretendería criminalizar las protestas del pueblo e hizo un llamado a una medida de lucha pacífica, sin caer en provocaciones.
Por su parte Félix Suasaca, presidente del Frente de Defensa Unificado Contra la Contaminación de la Cuenca Coata y el Lago Titicaca, aseguró que, si el Gobierno central no atiende las demandas de la Macro Sur del Perú, la población tomará medidas más radicales.