Escribe César Zeña Santamaría
Cuando se habla del sistema educativo en el Perú, se habla de una serie de problemas no resueltos que demandan atención urgente, sobre todo por el negativo impacto que ha acarreado atenderlos de manera inadecuada durante años. Entre estos se encuentran los concernientes a cobertura y calidad, de donde se desprenden los graves problemas de desigualdad económica y social existentes.
En la actualidad, estamos siendo testigos de la primera gran huelga de docentes luego de que se iniciara una aparente reforma educativa en el año 2007. Esta huelga empezó el 15 de junio en Cusco tras una convención nacional organizada por el SUTEP, donde profesores de más de doce regiones acataron la medida de protesta, para hacerla repercutir posteriormente en las calles de Lima, con multitudinarias marchas y plantones que vienen congregando a los gremios de todo el país.
Si bien la causa magisterial en estos sesenta días ha ido sumando a su favor a más docentes ─“obligando a los estudiantes a perder clases”, dirían los “agentes” del gobierno con tono de descrédito─, una minoría ya ha retomado sus labores sin la debida consolidación de un acuerdo. Reconozcamos que el principal responsable de esta prolongada lucha es el gobierno y su nula capacidad de diálogo. A ello se le asocia la inescrupulosa intervención del fujimorismo, cuya insufrible y vieja costumbre sigue siendo la de piratear roles protagónicos para crear inestabilidad.
Pero, ¿qué están exigiendo los docentes con tanta vehemencia? Pues cuatro cosas básicas: 1. Aumento de sueldo a S/ 4000.00 nuevos soles de manera escalonada hasta el 2021; 2. No ser despedidos si desaprueban las evaluaciones; 3. Derogación de la Ley General de Educación y; 4. Que el gobierno destine el 10% del PBI para el sector educativo.
Aunque en ninguno de los cuatro puntos aparece plasmada la negativa de los profesores a ser evaluados, no debería generalizarse el propósito de los pocos que así lo quisieran, ni argumentar bajo ninguna circunstancia que dicha evaluación no es justificada. Las capacitaciones y evaluaciones de los docentes deberían darse bajo condiciones claras y con personal evaluador idóneo. Tanto el capacitador como el evaluador tienen que estar familiarizados con la carrera magisterial y deben presentar excelente nivel académico. Lo asumo no solo porque soy docente y estoy casado con una docente y ambos creemos en la idea de “calidad educativa”; sino porque nuestro compromiso como padres de familia nos confiere la obligación moral de exigirla y luchar por ella. Nuestros hijos tienen derecho a recibir una mejor educación, que venga preferentemente de instituciones educativas estatales.
Definitivamente los cuatro puntos mencionados son discutibles, pero se deben resolver sin caer en acciones punitivas como los descuentos de salarios o despidos arbitrarios; y por supuesto, sin la represión violenta de que vienen siendo víctimas los profesores en estos últimos días. Si debe haber depuración en el magisterio, que la haya pero dentro de los marcos más estrictos de la razón y la legalidad.
No es culpa de los profesores el que tengamos un sistema educativo precario en todos sus niveles, es el gobierno quien nunca está a la altura de su problemática.
Llegar a consolidar acuerdos no es difícil, pero tenemos un presidente de la república que necesita que le hagamos recordar a menudo qué tipo de investidura le otorgamos los peruanos en los últimos comicios, y una ministra de educación a la que le hace mucha falta volver al colegio para reaprender ciertos temas esenciales de Historia o de Comunicación. ¿Hasta cuándo la falta de argumentos seguirá satanizando una lucha legítima o promoviendo psicosociales al fiel estilo del fujimorato? Los profesores no somos terroristas. Protestar exhortándoles una mejor educación y condición laboral es un derecho fundamental. La huelga es justa. Los docentes en las calles vienen reivindicando una labor que se ubica hoy por hoy en el piso más bajo de la escala salarial, producto de la falta de compromiso y la ausencia de una política de estado seria que no crea pactos políticos con voluntad ni trabaja con metas a mediano o largo plazo. En pleno Siglo XXI eso es vergonzoso.
Por esta razón las exigencias al gobierno de turno no son gratuitas. Momentos cruciales como los que vivimos tienen que mostrar el lado más humano y concertador del señor Pedro Pablo Kuczynski y la señora Marilú Martens. Los peruanos estamos invitándolos a ponerse del lado de la Educación y el diálogo: es el único camino para construir la confianza.
¡Mi solidaridad con todos los profesores del Perú!
