Conoce los jugosos pagos del Gobierno al padre del congresista Alberto de Belaúnde

El experimentado abogado Javier de Belaúnde López de Romaña, fundador del Estudio Echecopar, el mismo Estudio que fue allanado por la Fiscalía en julio de 2019 por sus presuntos vínculos con Odebrecht, también se ha desempeñado como árbitro en varios procesos arbitrales entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y algunas empresas eléctricas que operan en diferentes regiones del país. Entre ellas: Electro Ucayali S.A. Electro Puno S.A.A. y Electro Oriente S.A. Es decir, un abogado vinculado al sector empresarial de la energía eléctrica.

Resulta que, Javier de Belaúnde López de Romaña, también es padre del actual congresista de la República, Alberto de Belaúnde de Cárdenas, curiosamente el parlamentario también pasó por las oficinas del Estudio Echecopar. Hace unas semanas el Proyecto de Ley de energía renovable presentado por De Belaúnde fue archivado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. El congresista se empecinó en sacar una ley (Proyecto N° 6953/2020) que dizque incentiva la inversión en recursos energéticos renovables destinados a la generación de energía en el mercado eléctrico peruano; sin embargo, lo que el legislador morado se niega a reconocer, es que su Proyecto de Ley, implica que todos los peruanos a través de sus recibos de luz, tendrían que subvencionar un oneroso subsidio de más de $1,500 millones de dólares, para beneficiar a un pequeño grupo de empresas. ¿Acaso lo que se pretende es un lobby eléctrico?

Cabe resaltar, que independientemente de las empresas de energía renovable que presuntamente están detrás del congresista morado, en todas las empresas eléctricas que operan en Perú, se cobra un porcentaje que va destinado a un fondo para energía renovable. Pero con la conducta que ha venido ejerciendo el legislador de Belaúnde, nos hace colegir que probablemente hay un lobby directo con las “eléctricas” en aquellos procesos arbitrales donde también ha participado de Belaúnde padre, como presidente del Tribunal Arbitral, porque él también ha sido abogado de otras empresas eléctricas. 

Un detalle importante, los recibos por honorarios electrónicos emitidos por el árbitro de Belaúnde López de Romaña los pagó la Secretaria Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625, del MEF. Aquella Ley, es nada menos que la aprobada por referéndum el 07 de diciembre de 2010, para la devolución del dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron al mismo. 

No es la primera vez que el MEF designa a un árbitro con experiencia en la solución de controversias, y los abogados de Electro Puno tampoco formularon cuestionamiento alguno. Y según el laudo arbitral, el árbitro de conciencia requiere del derecho para buscar una solución justa, y según se lee en un párrafo del documento: la posición del MEF no es injusta; porque, además, de ser conforme a ley, busca la recuperación de inversiones realizadas con recursos del FONAVI en beneficio de usuarios, para que estos puedan acceder a servicios básicos, como es el suministro de energía eléctrica. Por otro lado, al haber recibido Electro Ucayali las obras de electrificación, obtuvo un beneficio por el incremento de su patrimonio. 

Anteriormente, estas empresas eléctricas antes de privatizarse pertenecieron en algún momento a Electroperú; entonces, las pensiones de los que trabajaban allí luego pasaron a la ONP; por lo tanto, la finalidad de esa ley es exclusiva para el tema Fonavi o ONP, y mientras no tienen plata para pagarle a los fonavistas y/o mejorar las pensiones, si tienen para desembolsar más de medio millón de soles a los árbitros. Es decir, es dinero para gastos corrientes de la institución.

Así las cosas, más allá de las controversias entre el MEF y las empresas eléctricas, ¿Acaso la idea es crear arbitrajes ad hoc?

Ahora bien, recordemos el caso del congresista Manuel Merino de Lama que en mayo de 2020 desató un escándalo, al descubrirse que sus familiares contrataron con el Estado por más de S/200 mil soles, cuando él era parlamentario entre el 2011 y 2016.

Cabe resaltar, que según la Ley de Contrataciones del Estado están impedidos para ser participantes, postores y/o contratistas, durante su gestión y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo: el Presidente, Vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, y vocales de la Corte Suprema. Asimismo, sus familiares no pueden contratar con el Estado durante su gestión y hasta 12 meses luego de haber dejado el cargo dentro de la jurisdicción de su competencia.

Cuando se detalla a familiares, se refiere a aquellos comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, conviviente, hermanos, cuñados, abuelos, padres, hijos, nietos, tíos y primos hermanos).

Estos impedimentos responden a los principios de moralidad, imparcialidad, equidad y trato justo e igualitario, de tal manera que todas las contrataciones deben hacerse en igualdad de condiciones, y está prohibida la existencia de ventajas o privilegios. Así, se previene la generación de conflictos de interés y se promueve la transparencia en los procesos de selección.

En esa línea, si bien Javier de Belaúnde presidió el tribunal arbitral desde años anteriores, antes que su hijo Alberto fuera elegido congresista, también se desempeñó como árbitro en 2018. Además, su hijo “morado” también ha sido servidor del Estado, entre los años 2011 y 2016, al desempeñarse como jefe de gabinete en la Municipalidad de Miraflores.

Los recibos por honorarios de Javier de Belaúnde López de Romaña

El Dr. Javier de Belaúnde López de Romaña en su calidad de árbitro elaboró comprobantes de pago y productos entre los años 2015 y 2018 a la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc creada por la Ley Nº 29625. Lima Gris tuvo acceso a algunos recibos emitidos por De Belaúnde padre en la gestión Ollanta Humala y PPK, entre ellos figuran:

El recibo por honorario electrónico E-001-21 con fecha de emisión 10 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Ucayali S.A. por un monto de S/10,718 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-19 con fecha de emisión 10 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Puno S.A.A. por un monto de S/62,790 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-17 con fecha de emisión, 09 de diciembre de 2015 por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Oriente S.A. por un monto de S/53,590 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-31 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Puno. por un monto de S/61, 272 soles.

El recibo por honorario electrónico E-001-30 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Oriente S.A. por un monto de S/53,912 soles.  

El recibo por honorario electrónico E-001-32 con fecha de emisión, 05 de marzo de 2018, por concepto de pago anticipado de Honorarios en el proceso arbitral iniciado por el MEF contra Electro Ucayali S.A. por un monto de S/19,614.40 soles.

Solamente en estos recibos, Javier de Belaúnde cobró un total de S/261,896.40 soles; más de un cuarto de millón de soles. Sin embargo, según nuestra fuente en el MEF, Belaúnde padre habría emitido más recibos por honorarios en otros procesos arbitrales. 

¿Conflicto de interés?

Según la abogada Mónica Yaya, experta en Contrataciones con el Estado, algunos abogados del estudio Echecopar, son árbitros, pero al mismo tiempo se presentan como abogados en el mismo proceso hasta que los descubren.

Al final, aquí existe un claro conflicto de interés, ya que mientras Alberto de Belaúnde ejercía el cargo de Congresista de la República, su padre siguió facturando por miles de soles al Estado. Además, resulta curioso, que padre e hijo trabajen en temas relacionados al sector de la energía eléctrica.

Los hechos, nos permiten conocer que el Proyecto de Ley presentado por el congresista De Belaúnde esconde otros intereses que no tienen nada que ver con las energías renovables y el cuidado del planeta.