Conversamos telefónicamente con el nuevo presidente del Congreso Luis Valdez y le preguntamos sobre las 52 investigaciones fiscales abiertas contra él y nos respondió: “Sobre esas denuncias tampoco es que yo haya tenido participación en algún tipo de hecho; algunas están archivadas y yo he cumplido con asistir cuando me han llamado; claro que sí, además son todas inocuas”.
Luis Alberto Valdez Farías tiene 41 años y nació en Piura el 4 de febrero de 1979. Él estudió derecho en la universidad César Vallejo y como abogado también tiene estudios de maestría en derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo.
Asimismo, fue asesor de la universidad César Vallejo entre el 2000 y el 2014 y también fue gerente de asesoría jurídica entre 2007 y 2010 y gerente municipal entre el 2010 al 2014 en la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Su vida política empezó desde que se afilió a la agrupación Alianza para el Progreso en el año 2013 y al año siguiente en 2014 fue elegido Vicepresidente Regional de la Libertad por su agrupación APP.
Luego en 2015 asumió el cargo de Gobernador Regional de La Libertad después de la renuncia de César Acuña, y terminó su gestión en 2018. En el Partido APP, primero fue personero legal alterno de 2013 al 2014 y en el 2017 fue miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional; y desde 2019 es Secretario Ejecutivo Nacional.
Finalmente, fue elegido Congresista de la República por La Libertad desde marzo del 2020 y también se desempeñó como Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.
Sin embargo, acaba de convertirse en el nuevo Presidente interino del Congreso, tras la asunción de Manuel Merino como nuevo Presidente de la República del Perú.
Lo resaltante es, que Luis Valdez Farías tiene 52 investigaciones abiertas que están relacionadas a los delitos de omisión de actos funcionales, falsedad ideológica, contra el patrimonio, fraude en la administración de persona jurídica, resistencia a la autoridad, daño simple, concusión, delitos contra la administración pública, elaboración y comercio clandestino de productos, apropiación ilícita, peculado, coacción, delito de peligro común en la modalidad de atentado contra la seguridad pública y exposición de personas en peligro, corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, defraudación, delitos contra la fe pública, y usurpación agravada, entre otras.
Según el documento al que accedió el portal El Focoaquí las denuncias: