Perú en parte vive una corriente migratoria de flujo sur a norte, es decir de gente que se va de Chile y Argentina. Mientras tanto los números no mienten: de 1,800 presos extranjeros en 2015 se ha pasado a 5 mil en la actualidad de los cuales alrededor de 4 mil son venezolanos. Mientras tanto, Migraciones confirma que 656 extranjeros han sido sancionados este año con la expulsión, pero la ejecución recae en la autoridad policial.
En la mesa de trabajo encabezada por la congresista Rosangella Andrea Barbarán, de la minoría étnica afrodescendiente, se vio el día de hoy la cuestión de la política de expulsión de extranjeros asociados al crimen en el marco de una perspectiva multisectorial focalizado en seguridad. Aquí los número y medidas que se vienen implementando en el control migratorio.
Barbarán desde el comienzo de la sesión dejó claro que el tema a abordar no era un asunto de xenofobia, así como su escepticismo ante los tratados de DDHH que tiene firmado el Perú: “hoy más que nunca el rol del Estado en la gestión de la migración y la seguridad debe ser pensada en el Perú antes que en cualquier tratado”.
“Desde el Ministerio de RREE.EE. reafirmamos nuestro compromiso con una gestión migratoria responsable, ordenada y humana”. Fueron las palabras del representante de Torre Tagle en la mesa de trabajo. Lo que sorprende es que diga que “reafirman” cuando fueron los responsables de dicha cartera los que en el gobierno de PPK abrieron las puertas del Perú a una ola de inmigrantes, y fue Torre Tagle precisamente la que no se comprometió con una gestión migratoria responsable.
Pero volvamos a la mesa de trabajo.
El representante del ministerio de RREE, embajador Pedro Bravo en su participación expuso que “la política migratoria tiene que adaptarse a las nuevas realidades (…) e incorporar el componente de seguridad dentro de su ejecución”.También refirió mantener una perspectiva neutral frente a los extranjeros. En coordinación con la superintendencia de migraciones y el Congreso el Ministerio de RREE ha tomado medidas como son la aprobación de la visa de tránsito, así como el lanzamiento de un decreto Legislativo del sistema integrado de gestión migratoria y del riesgo migratorio el cual está en estado auroral.
Esto último permite tener los datos de antecedentes policiales y judiciales para una consulta inmediata de los cónsules ante los solicitantes de visa (cosas tan simples como saber si el aspirante ha sido expulsado anteriormente).
Bravo también remarcó los cambios en los patrones migratorios que según cifras de la matriz de seguimiento de desplazamiento de la OIM, Organización Internacional de migraciones, por la cual al 2024 “presenciamos dinámicas inusuales en los puestos fronterizos (…) En Tumbes puerta de entrada de migrantes tenemos un flujo inverso”. En promedio diario 343 personas salen del Perú frente a los 228 que ingresan a diario. Es decir, se van más de los que ingresan. En Tacna el dato es otro, son 273 los que ingresan y 173 los que salen. “En Desaguadero se mantiene una cifra ligeramente ascendente. Pero eso se explica por el incremento de tránsito de comercio legal e ilegal”, señaló Bravo.
Respecto a la demográfica estimó que el 78% de los que ingresan son venezolanos, colombianos y haitianos, lo cual evidencia un fenómeno de retorno. “Están regresando a Perú debido al endurecimiento de las políticas migratorias y a las oportunidades que ofrecemos por nuestra estabilidad macroeconómica”.
El Embajador se mostró un poco optimista por las estadísticas que revelan un mayor promedio de salidas que de ingresos de inmigrantes al Perú. También definió al Perú como un país de una triple condición migratoria: como país de tránsito, destino temporal y de corredor de retorno.
En 2025, la cantidad de extranjeros en Perú es de 1 millón 466 mil de los cuales 1 millón 250 mil son venezolanos esto en cuanto a un número “estimado”.
El escenario con los venezolanos es complejo: 141 mil están en proceso de regularización, 515 mil en situación regular con diferentes tipos de documentos mientras 603 mil se encuentran en situación irregular. Por otra parte, según el embajador Pedro Bravo, “la exclusión social, laboral y económica expone a los migrantes a condiciones de vulnerabilidad extrema que pueden empujarlos hacia actividades ilícitas como único medio de subsistencia”.
En el plano multilateral se rescató los avances que se vienen haciendo junto a Ecuador a través de la comunidad andina, en que Perú y Ecuador lideran mecanismos de ágil intercambio de información de datos así como la próxima creación de un banco andino de datos. “En las próximas semanas una plataforma para compartir información estadística migratoria con Colombia, Chile y Ecuador estará culminada y será lanzada”.
En lo que respecta al tema de seguridad el representante del Ministerio del Interior mencionó que desde 2017 a 2024 el aumento de las denuncias policiales son la principal evidencia de una posible relación directa entre crimen y migración, puesto que las denuncias se duplicaron. A esto se clasificó que son 5 los principales delitos a los clanes se asocian estás denuncias cometidas por extranjeros: robó agravado, hurto agravado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y extorsión.
A esto se suma que el total de ingresados en 2024 a prisión fue de 14 mil ingresados de los cuales 1006 son extranjeros lo que representa el 7% de ingresos. Estos son de nacionalidad venezolana, colombiana, ecuatoriana y mexicana.
Los expertos del Ministerio de Justicia y RREE coincidían, sin embargo, en lo complejo de determinar una relación causal entre extranjeros y crimen. Llegaron a señalar que no tenían una injerencia mayoritaria en cuanto a delitos complejos sino más bien relacionado a delitos comunes.
Según esto, la tasa de homicidios no ha tenido un cambio drástico, por ejemplo, la tasa de 2022 es similar a 2021 por lo que no se ha establecido una relación directa del crimen de sangre con la inmigración. Las que si tienen relación directa está en el incremento de denuncias policiales.
Además, cabe mencionar que la población penitenciaria de Perú pasó de 1800 extranjeros en prisión en 2015 a más de 5 mil en la actualidad, de los cuales son venezolanos alrededor de 4 mil.
También cabe destacar que en la política de migraciones a partir de la promulgación del Proceso Administrativo Sancionador que entró en vigor el 11 de enero de 2024, fueron 656 los inmigrantes sancionados en el presente año 2025. Sin embargo, los avances de la misma dependen de la policía y que lo ejecute.
Durante la mesa de trabajo se refirieron al aumento de crimen desde 2019. Previamente el incremento era por decimales, pero desde ese año la cifra no ha hecho más que aumentar en un 1% anual.
Finalmente resulta interesante saber que la máxima sanción de migraciones a un extranjero es la expulsión de hasta 15 años, Pero también que la policía ejecute lo mandado por migraciones en los plazos determinados que en teoría son bastante breves y deberían ser rápidos.
Barbarán señaló al término de la mesa técnica la posibilidad de una reunión con los embajadores de Chile y Ecuador para trabajos conjuntos al respecto de la migración (también se preguntó si todavía teníamos relación con Colombia que haría falta para dichas coordinaciones). También mencionó su decepción cuando en una reunión del Grula se quiso introducir el tema de la inmigración ligada a delincuencia pero que está fue frustrada por Cuba, Nicaragua entre otros.