El investigado exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, tendrá que pagar con su propio dinero al abogado que lo defenderá sobre su presunta participación como ‘proxeneta’ que habría tejido una ‘red de prostitución’ en el Parlamento y por la extraña muerte de su extrabajadora, Andrea Vidal, ya que el Congreso declaró improcedente su pedido para que desde la institución parlamentaria se cubran los gastos de su defensa legal. En esa línea, la nueva Directora General de Administración, Rosa Elena Izaguirre Silva, quien reemplazó en el cargo al apepista Carlos Pais, denegó la solicitud presentada por Torres Saravia, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento parlamentario. Izaguirre Silva, fundamentó la improcedencia del pedido, basándose en el numeral 6 de la directiva sobre contratación de servicios de defensa legal.
“Este tipo de solicitudes solo proceden si los actos investigados se vinculan directamente con el desempeño funcional, lo cual no se evidencia en este caso”, concluyó Izaguirre Silva.
La resolución emitida dejó claro que los beneficios de este tipo solo se aplican en casos relacionados con el ejercicio de funciones parlamentarias. Como se sabe, Jorge Torres Saravia tiene una investigación preliminar abierta en su contra por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa, y lo involucra por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.