Política
Congreso reafirma su intención de condenar a menores de 16 años por delitos graves como el sicariato
Proyectos de ley tratarán como adultos a adolescentes que cometan delitos graves, castigándolos incluso con cadena perpetua.
Diversos Proyectos de Ley (PL) presentados por los legisladores Alejandro Muñante, José Luna Gálvez, Roberto Chiabra, o Juan Burgos, ha sido aprobados recientemente por el Congreso de la República con la clara intención de endurecer las penas contras los adolescentes de 16 y 17 años que comentan delitos considerados como graves.
Esta decisión incluye la posibilidad de imponer penas de hasta cadena perpetua a menores de edad que cometan crímenes como sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio y violación sexual, entre otros. Cabe mencionar que la reconsideración de la segunda votación del dictamen fue finalmente rechazada.
Uno de los autores de los PL, José Luna Gálvez, indicó que esta reforma busca responder a la creciente crisis de inseguridad ciudadana y al aumento de la violencia delictiva en el país. “No podemos mantenernos impasibles ante esta ola de criminalidad. Es necesario aplicar medidas severas para restablecer el principio de autoridad y proteger a nuestros jóvenes de ser utilizados por organizaciones criminales”, afirmó el legislador.
Condena para menores como adultos, pero tratamiento diferenciado
El congresista explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación. “Es fundamental restituir el principio de autoridad y enviar un mensaje claro de que no habrá tolerancia para quienes cometan delitos graves, independientemente de su edad”, opinó.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) criticó la postura del Parlamento, advirtiendo que la norma establece que “las y los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos”. “Ellos/as están en una etapa de desarrollo y por ende deben ser juzgados y sancionados dentro del Sistema Penal Judicial Juvenil especializado que está orientado a garantizar su reinserción social”, mencionaron en noviembre del año pasado.