Congreso propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos

Es hora de ‘cerrarles el caño’. El legislador de la bancada Unidad y Diálogo, Juan Burgos, presentó ayer un Proyecto de Ley (PL) para eliminar el financiamiento público directo de los partidos políticos, con la finalidad de evitar el uso incorrecto de fondos del erario nacional y fortalecer la gestión pública.

Para ello propone derogar el artículo 29 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticos, y el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios aprobado por Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

De acuerdo a este marco legal, los partidos políticos están autorizados en destinar el 50% del financiamiento público que reciben en gastos de financiamiento ordinario, como adquisición de bienes, contratación de personal, y servicios directos; y el otro 50% en actividades de formación y capacitación de cuadros partidarios; investigación y difusión.

En la exposición de motivos el congresista Burgos señala que el principal objetivo del financiamiento público es de disminuir la influencia de grupos de interés en el financiamiento de campañas y la toma de decisiones en los partidos, no se estaría logrando.

Según señala, el financiamiento público de los partidos no implica necesariamente que reciban menos aportes del sector privado, y prueba de ellos es la concurrencia de estrategias de ocultamiento para no registrar estos ingresos.

Pero además de señala que habría uso indebido de los recursos que los partidos reciben del Estado, en las diferentes actividades para las cuales están autorizados a gastos.

Así, indica el PL, en la contratación de personal se utiliza el dinero para contratar personas investigadas o sentenciadas por delitos contra el estado, dejando de lado su falta de idoneidad.

En los fondos para la capacitación y formación de cuadros políticos, esto no sería eficaz, ya que no se produce la admisión de personas idóneas para la participación y eventual ejercicio de un cargo público.

Por otro lado, señala que los partidos que más financiamiento reciben son los que menos invierten; se contratan a proveedores de servicio sin experiencia; y no se realiza la rendición de cuentas de manera oportuna.

La eliminación del financiamiento público directo busca fomentar su independencia y autonomía financiera, pues esta dependencia económica “pueda generar conflictos de interés y comprometer la capacidad de los partidos para representar de manera genuina los intereses de la ciudadanía”.