Martín Vizcarra, aprovechándose de su cargo de presidente de la república durante su mandato, se inoculó él y también su esposa sin darlo a conocer a la ciudadanía que clamaba por una respuesta rápida de parte del Gobierno central contra la lucha de la pandemia, abriendo de esta manera una caja de pandora donde estarían involucrados muchos más funcionarios más allá de la lista inicial de los 487 inoculados. Sus mentiras desde entonces solo han creado un torbellino que solo Vizcarra y sus más allegados e ingenuos votantes pueden llegar a creer; absorbiéndolo más y más en lo profundo de su cinismo.
Es así que cuatro son las denuncias constitucionales que han sido presentadas por cuatro bancadas en el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra, por el caso que ya se denomina el ‘Vacunagate’, las cuales buscan que el exmandatario sea inhabilitado para ejercer cargo alguno en la función pública por espacio de diez años.
Es la bancada de la agrupación Nueva Constitución (NC) la que más activa se ha mostrado ante la actitud descubierta de Vizcarra, respecto a su vacunación contra el Covid-19 junto a su esposa, hermanos y allegados. NC ha presentado dos imputaciones contra el exjefe de Estado.
Luego, están las bancadas de Podemos Perú (PP) y del Frente Amplio (FA). Cada una de ellas ha elaborado una denuncia constitucional contra Vizcarra. Lo cierto es que las cuatro imputaciones tienen un tema en común: todas ellas sostienen que el expresidente sí se aprovechó de su alto cargo para poder acceder a dos dosis de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.
Las denuncias tienen el objetivo de que el Parlamento acuse a Vizcarra por haber cometido presuntos ilícitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios.
A ello se agrega el pedido para que, en virtud de los hechos, se le impida desarrollar algún cargo público por los próximos diez años. La comisión que está a cargo de revisar estas acusaciones es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
El congresista Enrique Fernández Chacón explicó que, tras presentarse las denuncias constitucionales, ahora cada una de ellas irá a la comisión de Acusaciones Constitucionales. Dijo que no es necesario que de ahí vaya a la Comisión Permanente.
“La comisión de Acusaciones Constitucionales tiene un plazo máximo de 15 días para elevar la denuncia, pero se estima que se presente bastante antes por la gravedad del caso”, sostuvo.
Pero las demandas presentadas por las referidas bancadas no solo involucran al exmandatario, sino que también implican a las exministras de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, y de Salud Pilar Mazzetti, quien admitieron haberse vacunado con el remanente de dosis dadas por Sinopharm.
Por lo demás, el Congreso sí está facultado para inhabilitar a Vizcarra antes que se realicen las elecciones generales, fijadas para el 11 de abril. De concretarlo, el candidato que busca una curul en el Legislativo por Somos Perú no podrá ejercer el cargo, si es que resultara electo con su agrupación.
