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Congreso plantea la contratación de mujeres víctimas de violencia familiar en el sector privado
Proyecto de Ley N°1368 fomentaría la inclusión en el mercado laboral a mujeres agredidas en sus hogares.
Ayer, previo a conmemorar el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley N° 1368, que busca promover la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia familiar en el sector privado.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Sigrid Bazán (CM-JPP), indicó que la iniciativa legislativa, aprobada por 105 votos a favor, plantea que toda empresa que emplee a una víctima, de cualquier tipo de violencia familiar, acceda a una deducción adicional sobre las remuneraciones y beneficios económicos que se le paguen a esta persona, monto que será fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
La legisladora indicó que es necesario que la víctima de violencia continúe con la denuncia ante el Ministerio Público o el proceso correspondiente en el juzgado de familia, hasta obtener una sentencia consentida o ejecutoriada, para mantener este beneficio.
De igual manera, el secretario de la Comisión de la Mujer y Familia, Jorge Marticorena (PB), indicó que el texto sustitutorio presentado contiene cinco artículos y una disposición complementaria, la cual estipula que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de sesenta días calendario, contados a partir de su vigencia.
La parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez (APP) afirmó que las mujeres violentadas son un grupo vulnerable, ya que en muchas ocasiones están impedidas de acceder a un puesto laboral. Por su parte, la legisladora Tania Ramírez (FP) emplazó al Poder Ejecutivo a promulgar pronto esta norma. La congresista Karol Paredes (AP) resaltó la importancia de la norma es instó al Poder Ejecutivo que realice su pronta reglamentación.
Rosangella Barbarán (FP), afirmó que esta medida tiene como objetivo brindarte independencia económica a la víctima de violencia, quien en ocasiones continúa con su agresor por el chantaje que sufre.
Durante el debate, también se indicó que en Colombia y Argentina existen normas similares a la que se plantea implementar.