En el Parlamento Nacional Cada año se destina una ‘lluvia de miles de soles’, para pagar los servicios de los estudios de abogados de los congresistas que tienen problemas legales, por estar investigados por Fiscalía. Por ejemplo, en agosto del 2024 los favorecidos fueron los acuñistas Alejandro Soto y Luis Kamiche, Óscar Zea del Bloque Magisterial y César Revilla de Fuerza Popular. Aquella vez, se desembolsó S/189,710 para que se defendieran.
Y este año 2025, la nada despreciable gollería les toca a los legisladores Patricia Chirinos, Kelly Portalatino, Hilda Portero y Luis Cordero Jon Tay. Ellos son investigados de manera preliminar por el Ministerio Público por diversos presuntos delitos asociados a la corrupción y que van desde tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, e incluso participación en una organización criminal.
La decisión que autoriza el desembolso se adoptó el último martes 11 de marzo en cuatro acuerdos de la Mesa Directiva del Congreso que preside el apepista Eduardo Salhuana. Por lo que, cada uno de los cuatro colegas parlamentarios serán financiados para sus “defensas legales” con una cifra de S/42,800, equivalentes a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, el Estado pagará un total de S/171, 200.
En uno de los acuerdos, se fijó que el privilegio de contratación de defensa legal se brinda por una única vez a los legisladores por conductas relacionadas con el desempeño de sus funciones parlamentarias.
Patricia Chirinos
La hoy legisladora de Renovación Popular, viene siendo investigada por el presunto delito de peculado doloso, por utilizar boletos aéreos pagados por el Congreso para trasladarse a la ciudad de Trujillo y participar en la fiesta de cumpleaños de su colega de bancada, Diego Bazán.
Kelly Portalatino
La congresista de Perú Libre y ‘amiga’ incondicional de Vladimir Cerrón, tiene una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de presunta negociación incompatible en agravio del Estado. El 5 de febrero pasado, la Fiscalía, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional en su contra, por presuntas irregularidades en su gestión como ministra de Salud durante el gobierno del hoy detenido Pedro Castillo.
Según Fiscalía, Portalatino habría inducido al entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Salud, José Celis para que tome en cuenta la contratación de Romy Vásquez para el servicio de asistente administrativo en el Minsa.
Hilda Portero López
La legisladora de Acción Popular, Hilda Portero, tiene una investigación en el Ministerio Público, por haber sido parte del denominado grupo ‘Los Niños’, que habrían hecho tratos oscuros con el expresidente Pedro Castillo. De acuerdo al testimonio de una colaboradora eficaz, ella habría sido parte del grupo de parlamentarios que se vieron favorecidos con licitaciones de obras durante el mandato castillista, a cambio de que voten en contra de las entonces voceadas vacancias presidenciales.
Luis Cordero Jon Tay
El exfujimorista y hoy miembro de la bancada de Podemos Perú, está investigado por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio y por su supuesta participación en una ‘organización criminal’ liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Cabe mencionar que este legislador es hermano de la hoy suspendida parlamentaria María Cordero Jon Tay, en tanto dure el proceso penal por el recorte de sueldos a un trabajador.
