Bien blindado. Waldemar Cerrón, vicepresidente del Congreso, se siente bien cobijado por la Mesa Directiva, pues esta le aprobó desembolsar para su defensa legal para las investigaciones que se le sigue por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, esto en relación a que tanto él como la mandataria habrían influenciado dentro del Ejecutivo y el Parlamento para promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.
Así lo expone el acuerdo de la Mesa Directiva N° 059-2024-2025/MESA-CR donde se precisa que el pedido se formuló a propósito de la inclusión del perulibrista en la investigación preliminar ordenada por la Fiscalía de la Nación, correspondiente a la Carpeta Fiscal 211-20224, “por los presuntos delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, que habría cometido en el ejercicio de la función parlamentaria”.
“Se acordó autorizar a la Dirección General de Administración para que realice las acciones administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa legal a favor del congresista Waldemar José Cerrón Rojas”, se lee.
Aunque no se dan detalles, el encubrimiento personal y obstrucción de la justicia sería por un caso alertado a mediados de este año. Según la tesis fiscal, revelada por el dominical Cuarto Poder en julio, Dina Boluarte y Waldemar Cerrón habrían utilizado su influencia en el Ejecutivo y el Congreso al promover proyectos de ley que habrían favorecido a miembros del partido Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra.
En ese entonces, el fiscal adjunto supraprovincial de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó denunciar a la presidenta y al vicepresidente del Congreso al ser acusados de integrar el “brazo legal” de una supuesta organización criminal que opera en el partido Perú Libre. Para ello, remitió un documento de 200 páginas a su coordinador, Rafael Vela —también coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato—, y este lo derivó al fiscal de la Nación.
De acuerdo con el citado medio, el documento pone foco en un proyecto presentado por Waldemar Cerrón para que los partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. La iniciativa fue aprobada por el pleno del Congreso en mayo pasado y un mes después, promulgada por Boluarte.
Otra propuesta que también está en la mira es la que promueve el cambio de definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. Ambas, pese a ser polémicas, no recibieron observaciones por parte de la jefa de Estado.