Política

Congreso: Inhabilitan por 10 años al ‘doctor muerte’ Víctor Zamora

El Pleno del Congreso sancionó con una inhabilitación por 10 años de toda función pública contra el exministro de Salud del Gobierno de Martín Vizcarra, Víctor Zamora por ordenar comprar pruebas rápidas, pese a saber que no detectaban la Covid-19.

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Tras sustentar el informe final de la Denuncia Constitucional 367, contra el extitular del Ministerio de Salud, Víctor Zamora, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitarlo por 10 años de todo cargo de función pública. Los congresistas alegan una violación del artículo 9° de la Constitución Política del Perú.

Con 68 votos a favor se impone la inhabilitación al exjefe del Minsa durante el Gobierno de Martín Vizcarra. A Zamora se le critica su funesto papel en la crisis del oxígeno y la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas durante la pandemia por el Covid-19. Además, se le inculpa por omisión, rehusamiento o demora de sus actos funcionales.

El informe final fue presentado por María Acuña Peralta, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y Jorge Montoya, quien también fue uno de los ponentes del documento. Montoya resaltó la corroboración de que Zamora omitió funciones al permitir que se continuara con actos administrativos indebidos. Cuestionó la adquisición de más de un millón de pruebas, y enfatizó en la supuesta deficiencia en su labor para resolver la crisis de oxígeno durante esta época. Zamora por su lado, se presentó frente al hemiciclo para dar cuenta de las imputaciones.

«Enfrento un juicio político que no se fundamenta en pruebas (…) y busca manchar la acción de cientos de profesionales que asumieron el reto (de la pandemia)», enfatizó el cuestionado exministro.

Informe final señala que avaló actos irregulares para uso de pruebas rápidas

El documento especifica que Víctor Zamora no cumplió su función como titular del Ministerio de Salud, al no verificar la correcta ejecución del Decreto de Urgencia 028-2020, desde los días 20 hasta 29 de marzo del 2020. De esta forma se ejecutó el acto administrativo indebido para la adquisición de 1’400 millones de pruebas rápidas.

«Asimismo publicó el 30 de marzo de 2020, la resolución ministerial 139-2020- MINSA, con el fin de brindar un marco procedimental para el uso de la prueba rápida, avalando los actos irregulares para la adquisición de pruebas rápidas realizadas desde el 18 de marzo de 2020, que tenían como argumento principal, la supuesta detección del virus COVID 19″, sustentaron.

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