Vacado y ahora inhabilitado. El ex presidente Martín Vizcarra acaba de ser inhabilitado nuevamente para ejercer cualquier función pública por un lapso de 5 años por haber infringido el artículo 126 de la Constitución Política cuando se desempeñaba como ministro de Transportes (2016 -2017).
Con 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones, el Pleno del Congreso decidió aprobar la denuncia constitucional pendiente contra Martín Vizcarra por sus supuestos vínculos con la empresa Obrainsa, cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por lavado de activos en el caso Odebrecht.
Tras un breve debate, legisladores de diversas bancadas se mostraron de acuerdo con admitir el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento anterior, a raíz de la acusación constitucional presentada por la ex congresista fujimorista Yeni Vilcatoma.
Durante su exposición en el Pleno, Martín Vizcarra hizo un llamado a que el Congreso “no haga caso omiso” a la coyuntura que vive el país. Además, señaló que la acusación constitucional en su contra se trabajó de forma célere y “no con un carácter técnico, ni racional, ni democrático, sino político”.
Finalmente, tras ejercer su defensa, Martín Vizcarra procedió a retirarse del Hemiciclo junto a su abogado Jonathan Correa Arias.
También fue inhabilitado por el caso Vacunagate
En abril del año pasado, Martín Vizcarra también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el Congreso de Perú. La razón fue que se descubrió que el exmandatario se había vacunado contra el COVID-19 en secreto en el 2020.
Esta decisión impidió que Vizcarra sea parte del Congreso que se instaló el pasado 28 de julio para el período 2021-2026, a pesar de que fue el candidato más votado en las elecciones, con cerca de 164.000 sufragios.
Según el ex procurador anticorrupción, César Azabache, ambas penas no se acumulan. “Las reglas parlamentarias no tienen una cláusula, como sí la tiene el Código Penal, que permite sumar condenas cuando existen varias infracciones. A falta de esta regla, lo que corresponde, a mi opinión, es cumplir todas las inhabilitaciones al mismo tiempo”, indicó.
En el caso que la primera inhabilitación se cayera, la otra sigue vigente. Pero por ahora, la de 10 años sigue vigente y será la más importante.
“La declaración de inhabilitación en ese tipo de casos, cuando no hay una regla que indique que se debe cumplir una después de otra, es evidente que las decisiones posteriores son puramente simbólicas”, aseveró Azabache.
