Congreso impulsará proyecto de ley que contribuirá a prevenir daños ambientales por derrames de petróleo

El domingo 25 de septiembre ocurrió el séptimo derrame del Oleoducto Norperuano en la Amazonía en lo que va del año¹ cuando solo dos días antes, líderes de las organizaciones indígenas ACODECOSPAT (Loreto) y ORPIAN-P (Amazonas) se presentaron en el Congreso -en coordinación con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAA)² – para instar a las autoridades peruanas a tomar acciones decisivas para evitar más derrames.

Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, exhortó al Estado a apuntar a la raíz del problema para evitar nuevos derrames: «Aquí la solución no es reaccionar frente a cada derrame, parchando el ducto, ya que sin modernizar ni realizar un correcto mantenimiento del oleoducto, seguiremos hablando de nuevos y permanentes atentados contra la salud de nuestros pueblos, nuestra diversidad biológica y recursos naturales».

Por su parte, Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN-P, resaltó la importancia de hacer llegar la información sobre los derrames y sus impactos a las poblaciones locales, señalando además la necesidad que el Estado reconozca las iniciativas de vigilancia indígena que vienen desarrollándose en la Amazonía.

Asimismo, María Elena Foronda, presidenta de la CPAAAE, señaló que «el OEFA informó que evaluará el impulso de acciones penales contra los funcionarios responsables de los incumplimientos a los mandatos dictados por la autoridad en cuanto a gestión ambiental y medidas correctivas».

La congresista hizo un llamado al respeto de los derechos de las poblaciones afectadas: «La atención del Estado ante los derrames no salvaguarda los derechos ambientales y sociales de la población local al ser fragmentada, sectorializada y no preventiva».

El caso del Oleoducto Norperuano debe servir de experiencia para mejorar estándares ambientales de las actividades extractivas, así como para la mejora de la gestión pública ambiental ante emergencias ambientales. Por su parte Vanessa Cueto de DAR señaló que «el Gobierno ha invertido en acciones para dar confianza al sector privado, ahora es momento de dar confianza a la población, hechos como los derrames del Oleoducto generan desconfianza ante grande proyectos de infraestructura»  Asimismo resaltó que «si el Perú quiere entrar a la OCDE debe cumplir con sus recomendaciones en cuanto a fortalecer instituciones como el OEFA y al SENACE, no podemos permitir la flexibilización ambiental».

La Propuesta

Ante esta problemática, la congresista Foronda anunció el impulso de una propuesta legislativa para la ARTICULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO SOCIO-AMBIENTAL CIUDADANO E INDÍGENA EN EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL³ con el objetivo de incorporar los reportes de la vigilancia y el monitoreo de las comunidades en una base de datos que mejorela gestión territorial y ambiental en el Perú, fortaleciendo la institucionalidad ambiental. A la reunión también asistieron los congresistas Horacio Zeballos, Marco Arana y Jorge Meléndez., quienes mostraron su apoyo a las poblaciones afectadas y a sus iniciativas. Asimismo, las organizaciones indígenas recordaron que desde hace años vienen planteando alternativas, en el anterior periodo del Congreso cuando presentaron la propuesta de Proyecto de Ley  N° 3937/2014-CR, para que la información recogida por el vigilante indígena se tome en cuenta de manera oficial y convirtiéndose en una herramienta base para los diversos estudios de impacto ambiental, ya que la vigilancia indígena es una de las ocho condiciones mínimas para mejorar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Las organizaciones indígenas hacen un llamado a los congresistas para que brinden respaldo a esta importante propuesta legislativa, la cual fortalecería el proceso de fiscalización ambiental.   

La iniciativa de la ‘Vigilancia Indígena’ desde la cosmovisión de las comunidades indígenas permite prevenir de forma temprana los desastres ambientales o afectaciones al ambiente relacionados a las actividades extractivas, esto ha demostrado⁴ que el vínculo estrecho que tienen con su territorio les permite recoger información clave y alertar, lo cual permite un mejor control de su afectación sobre todo en lugares de difícil acceso.

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¹ Este domingo 25 de septiembre en el distrito de Urarinas-Loreto se reportó un nuevo vertido del Oleoducto Norperuano cerca a la comunidad de Monterrico, ubicada a solo dos horas de la comunidad kukama de Nueva Alianza, la misma donde el 21 de agosto último se reportó el derrame de más de cuatro mil barriles de petróleo, a raíz del grave deterioro del Oleoducto Norperuano que opera la estatal Petroperú.SA.

Adicionalmente, el sábado 24 de septiembre en el distrito de Andoas-Loreto, se reportó otro incidente dentro del área de influencia del Lote 192, que opera la empresa canadiense Pacific Rubiales desde fines de agosto de 2015.

² Las declaraciones se dieron en el marco del Foro «Amazonía, Petróleo y Gobernanza», organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), el último viernes 23 de septiembre en la sala Grau del Congreso de la República.

³ Algunas de las organizaciones indígenas que promueven la Ley de Vigilancia Indígena: AIDESEP, sus bases regionales y federaciones como  Organización Regional AIDESEP Ucayali – ORAU; la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT (Loreto);  Consejo Machiguenga del Río Urubamba – COMARU (Cusco); y la Central Asháninka del Río Ene – CARE (Junín), Organizaciones Indígenas que conforman el Pacto de Unidad como ONAMIAP y CNA. Organizaciones y Movimientos sociales del ande representadas por RED MUQUI.

⁴ Los últimos daños ambientales, en Loreto y Amazonas, fueron denunciados por el «Sistema de Vigilancia Indígena» con reportes de control en sus territorios y gestionados por las comunidades y sus organizaciones representativas como ORPIAN y ACODECOSPAT. Además gracias a la Estrategia de Vigilancia Integral Kukama (impulsada por ACODECOSPAT) se hace un seguimiento continuo de la remediación de daños en las comunidades de Nueva Alianza, San Pedro, Cuninico y San José de Saramuro, donde previamente ocurrieron derrames.