Política
Congreso cita a premier por polémico aumento de sueldo presidencial
En un país golpeado por la crisis económica, el aumento salarial de Dina Boluarte reaviva la indignación ciudadana. La Comisión de Fiscalización exige explicaciones a Eduardo Arana, mientras crecen las dudas sobre la legitimidad de una medida desconectada de la realidad nacional.
En medio de un clima económico adverso y una creciente desconfianza ciudadana hacia el Ejecutivo, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a una sesión extraordinaria el viernes 4 de julio. El motivo: que rinda cuentas sobre el cuestionado incremento en la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte, que ahora asciende a S/35,568.
La citación se realiza incluso tras el cierre de la legislatura ordinaria, y fue oficializada mediante un documento firmado por el congresista Juan Burgos, presidente de dicha comisión. Este hecho evidencia la gravedad con la que el Parlamento ha tomado una medida que ha desatado fuertes críticas tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
La comisión ha exigido que Arana detalle los fundamentos técnicos, legales y presupuestales que justificaron el incremento. También se le pedirá explicar si se evaluó el impacto económico del decreto supremo que lo oficializó y si se siguieron los procedimientos adecuados en términos de legalidad y transparencia.
Además de Arana, han sido citados el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y el director de Servir, Guillermo Valdivieso, quienes también deberán presentar documentación que sustente su participación en el proceso. El objetivo es claro: deslindar responsabilidades y verificar si existió una coordinación institucional legítima o si, por el contrario, se trató de una decisión discrecional y poco transparente.
Este aumento ha generado indignación al colocar a Boluarte Zegarra entre las jefas de Estado mejor remuneradas de América Latina, mientras millones de peruanos enfrentan precariedad laboral, inflación y recortes presupuestales. La Comisión busca establecer responsabilidad política y demostrar que el control sobre el uso de recursos públicos no puede ser una mera formalidad. De no presentarse los citados, el Congreso ha advertido que tomará medidas dentro de sus atribuciones. La rendición de cuentas no puede seguir siendo postergada.