Congreso blinda a la JNJ y archiva denuncia por retorno de Benavides

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, presidida por la parlamentaria de APP María Acuña Peralta, ha vuelto a actuar como muro de contención para los intereses de ciertos sectores del poder. Esta vez, al declarar improcedentes las denuncias constitucionales contra los seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que votaron por la restitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, a pesar de las evidentes irregularidades en el proceso y la ausencia de unanimidad.

El blindaje es evidente: mientras la misma SAC sí decidió abrir investigación contra los miembros de la Junta de Fiscales Supremos por una controversia similar, a la JNJ se le concede impunidad institucional. Esta doble vara confirma la falta de coherencia y la clara intencionalidad política de las decisiones parlamentarias.

Las denuncias rechazadas fueron presentadas por los congresistas Alfredo Pariona (Bancada Socialista) y Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo). Acusaban a los magistrados de la JNJ de usurpación de funciones, avocamiento indebido y abuso de autoridad, al intervenir en decisiones que, según sus críticos, correspondían exclusivamente al ámbito del Ministerio Público y no al de la JNJ.

Los magistrados protegidos por el Congreso son Gino Ríos Patio (presidente), María Teresa Cabrera, Jaime De La Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y César Cayo Galindo. Todos ellos firmaron la resolución que repuso no solo a Benavides Vargas, sino también a la fiscal Azucena Solari y a la jueza Enma Benavides Vargas.

Pero el escándalo no termina ahí. El acta de la sesión extraordinaria en la que se decidió la reposición confirma que no hubo unanimidad, ya que el magistrado Francisco Távara no participó. Peor aún, la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, no fue convocada a la reunión, lo cual ella misma dejó consignado en el acta. Esta omisión plantea serias dudas sobre la legalidad de la sesión y abre la puerta a sospechas de manipulación institucional.

A pesar de estos hechos, el Congreso prefirió mirar hacia otro lado. Lo que debió ser un acto de fiscalización y defensa del orden constitucional terminó siendo otro ejemplo más de cómo las instituciones se protegen entre sí, incluso a costa de la legalidad y la confianza ciudadana. El blindaje a la JNJ por parte de la SAC deja una pregunta inquietante en el aire: ¿a quién sirve realmente el Congreso?