Congreso archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas

Los intocables. Ayer se cumplieron seis meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte y todo parece indicar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han optado por la vía neutral de ajustarse pero no ahorcarse mutuamente, es decir, en la actualidad se habría entrado en un status quo donde ninguno de ellos se interpone en sus gestiones.

Las protestas sociales surgidas a fines del año pasado y principios de este hacían tambalear a la mandataria por sucesión, quien no contaba, en un principio, con apoyo del Parlamento pero que poco a poco habría tejido alianzas con algunos legisladores, eso sumado al apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas que estuvieron a su lado en los momentos más caldeados, lograron que la jefa de Estado salga airosa de las protestas, pero eso sí, a un alto costo: más de 60 fallecidos.

Bajo ese panorama la Comisión Permanente del Congreso de la República envió al archivo la denuncia constitucional contra la mandataria y ex ministros de su gestión por su responsabilidad respecto de los muertos y heridos producto de la represión policial en el marco de las protestas contra el Gobierno y se registraron desde diciembre de 2022 hasta marzo del presente año.

Además de Boluarte Zegarra, la denuncia incluía al ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el ex ministro de Defensa y actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el ex ministro del Interior, César Cervantes, por el rol que desempeñaron dentro del Gobierno durante las protestas sociales.

Esta denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo, así como Roberto Sánchez, y ya había sido declarada improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 5 de mayo.

Entonces, el informe de calificación que propuso la improcedencia de la denuncia constitucional contra la presidenta y exministros fue aprobado con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

De acuerdo con el informe de la Subcomisión, durante el periodo que es materia de la denuncia constitucional hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.

Asimismo, se recuerda que existe un marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.

También se señala que lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 está en proceso de investigación en el Congreso y Ministerio Público, por lo cual no se define aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.

Ante la decisión de la Comisión Permanente, la legisladora Sigrid Bazán solicitó a la Mesa Directiva del Congreso una reconsideración de la votación; sin embargo, su pedido no procedió debido a que la Comisión Permanente no permite reconsiderar las votaciones.