Congreso: aprueban dictamen que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002

Pase libre para todos sus aliados. La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó ayer un predictamen que ha sido concebido como una nueva “ley de amnistía” que permite exculpar a investigados y procesados por el delito de lesa humanidad. Este nuevo dictamen ha sido aprobado en la sesión de ayer con 14 votos a favor, ocho en contra y una sola abstención; y que correspondería a una propuesta legislativa que funcionaría como una amnistía ilegal para policías, militares y funcionarios que comparecen ante la justicia a raíz de los asesinatos perpetrados durante el último periodo dictatorial de Alberto Fujimori.

Si bien desde la Comisión de Constitución la congresista Martha Moyano insistió en que la norma —que está a un paso de ser presentada ante el pleno del Congreso— no corresponde a una “ley de amnistía”, al revisar el proyecto de ley en el que se basa el dictamen no solo se detalla una intención de dirigir la interpretación del Poder Judicial respecto a este delito internacional, sino que se advierte, según lo afirmado por el especialista Carlos Rivera Paz, como una ley inconstitucional.

El proyecto de ley presentado por Renovación Popular y Fuerza Popular, contó además con los votos a favor de las bancadas de Alianza para el Progreso (representada por Eduardo Salhuana), Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, y Unidad y Diálogo (pese a que esta bancada está a un paso de disolverse). Ahora, se encuentra a un paso de ser aplicado, quedando pendiente solo la votación en el Pleno.

El abogado especializado en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, advirtió que la propuesta buscaba dirigir la interpretación de los magistrados del Poder Judicial respecto a la tipificación de los estándares del delito de lesa humanidad.

“En ese proyecto, el Congreso pretende archivar procesos judiciales y además plantea decirle a los jueces cómo resolver los asuntos y las causas judiciales que tienen en trámite o que tienen que sentenciar. Si eso no es una vulneración a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, no sé qué más puede ser. Las disposiciones que contiene, son disposiciones abiertamente vejatorias de la Constitución” consideró Rivera Paz con preocupación en dicha oportunidad.

El peligro de que esta propuesta también contravenga la Constitución fue advertido incluso por la congresista Gladys Echaíz, quien aseveró que el objetivo de la ley era “ayudar a los propios magistrados cuando tengan que resolver un caso en concreto”.