Congreso aprueba ley para inyectar millones a municipalidades ad portas de campaña electoral

El Congreso de la República aprobó, sin mayor resistencia, la denominada “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal” (Foncomún). La norma eleva de 2% a 4% la asignación del Impuesto General a las Ventas (IGV) para el Foncomún, es decir, el doble de recursos para las municipalidades del país, muchas de las cuales apenas logran ejecutar el presupuesto que ya tienen.

Impulsada por el congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, la ley se presenta con el discurso de “fortalecer la descentralización fiscal” y de mejorar la capacidad de los gobiernos locales para financiar inversiones en salud, educación, saneamiento o seguridad. Sin embargo, los datos son claros: las municipalidades, en promedio, no ejecutan más del 63% de su presupuesto anual. La falta de cuadros técnicos, planificación y transparencia son el pan de cada día en muchos municipios.

Con esta ley, el Congreso entregará más de 2 mil millones de soles adicionales, una cifra que aumentará progresivamente hasta llegar a cerca de 9 mil millones en 2029. En otras palabras, por cada S/ 18 recaudados en IGV, S/ 4 irán directamente a más de 1,800 municipalidades y centros poblados, bajo la bandera de una descentralización que, en la práctica, ha sido terreno fértil para la ineficiencia y la corrupción.

La norma fue respaldada con entusiasmo por diversas bancadas y asociaciones como la AMPE y REMURPE, y promovida desde hace meses con reuniones sostenidas con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de las filas de Alianza para el Progreso (APP). Todo en nombre de una supuesta equidad fiscal. Pero la pregunta es inevitable: ¿equidad para quién? ¿Para alcaldes que no logran gastar ni el dinero que ya tienen? ¿O para clientelas políticas que se alimentan de estas “inyecciones” millonarias en años electorales?

A pesar de sus implicancias fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —que debería haber sido un muro de contención técnica— avaló la norma. Su titular, Raúl Pérez-Reyes, inexplicablemente apoyó la medida. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ya anunció que el Ejecutivo promulgará la autógrafa “a la mayor brevedad posible”. La pregunta cae por su peso: ¿por qué tanta urgencia?

“La autógrafa será publicada lo antes posible, porque por encima de todo, están los peruanos que necesitan obras”, dijo Arana desde Huancayo. Una retórica vacía si se considera que muchas de esas municipalidades apenas consiguen licitar correctamente una obra menor sin escándalos o adendas millonarias.

En teoría, la ley contempla ciertos filtros. Para acceder al incremento, los municipios deberán haber ejecutado el 100% del presupuesto anterior, y el dinero deberá destinarse exclusivamente a obras. Nada de consultorías externas, dice la norma. Pero en un país donde los sistemas de control fallan sistemáticamente, ¿alguien cree que esos candados serán respetados? ¿quién fiscalizará el libre uso de los nuevos y millonarios recursos que tendrán las municipalidades?

Peor aún, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero igual lo hizo. Y el Gobierno de Dina Boluarte, en una peligrosa confabulación, apoya sin reparos. ¿Coincidencia que esta millonaria asignación se haga justo cuando se acercan las elecciones generales y municipales? Pareciera que el verdadero objetivo no es descentralizar, sino llenar las arcas locales para asegurar campañas reeleccionistas y alianzas subnacionales.

Una vez más, el Congreso y el Ejecutivo entregan plata como cancha. Y el país, otra vez, lo pagará.