Política

Congreso aprueba ley contra la usura bancaria

Pese a observaciones del Ejecutivo, Congreso promulgó ley que fija topes a tasas de interés.

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Nuevos visos contra la usura bancaria. Hoy el Congreso de la República promulgó por insistencia la ley que pone topes a las tasas de interés cobradas por las entidades financieras, pese a que el Poder Ejecutivo había observado dicha norma el mes de febrero.

De acuerdo a la Ley N° 31143, recientemente publicada en el Diario Oficial El Peruano el día de hoy, las tasas de interés que cobren las empresas del sistema financiero deberán ajustarse a lo establecido por el Banco Central de Reserva (BCR). Dicha entidad deberá propiciar que las tasas de interés sean determinadas por la libre competencia, fijando tasas máximas que no deberán sobrepasar los bancos.

La regulación del BCR se basará en tasas máximas y mínimas de manera semestral. Esta competencia no podrá ser delegada a otra entidad.

Para asegurar esos límites la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP (SBS), tendrá la labor de supervisar y controlar el cumplimiento de las tasas máximas; autorizado para sancionar y denunciar ante el órgano competente a las entidades bancarias que incumplan estas nuevas disposiciones.

Esta ley también proscribe la capitalización de intereses y el cobro de penalidades u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o atraso en el pago de los créditos. Finalmente, las tasas de interés moratorio serán las mismas que el BCR establezca para las operaciones ajenas al sistema financiero.

Para el asesor jurídico de la Asociación de Familias de la Banca Solidaria, Fernando Casanova, esta ley tiene como base la justicia social debido a que los bancos “han hecho lo que han querido” estos últimos 30 años.

“Una persona (en el Perú) entrega a los bancos la mitad de su trabajo de más 50 años, eso es innegable. Si uno se sienta con una calculadora, sabe que, si saca un préstamo hipotecario, termina pagando hasta tres casas, debido a los altos intereses, que han sido los más altos de la región (suramericana)”, puntualizó.

Por su parte, la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) menciona que la norma resulta inconstitucional y afecta el proceso de inclusión financiera, conllevando a que los bancos ofrezcan menos préstamos a los usuarios.

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