Removida de sus funciones. El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer la resolución legislativa que inhabilita por cinco años en el ejercicio de la función pública a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por infracción constitucional del artículo 159 de la Constitución del Estado, referido a la falta de acusación al expresidente Pedro Castillo.
La votación fue aprobada por 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, cinco votos más de los 65 votos requeridos, los dos tercios del número legal de congresistas, sin contar a los legisladores de la Comisión Permanente.
En consecuencia, Zoraida Ávalos, tras esta decisión del Congreso, deja de ser fiscal suprema, que es el cargo que desempeña en el Ministerio Público.
También se aprobó la resolución legislativa que la acusa constitucionalmente a Ávalos de los presuntos delitos de omisión y demora de actos funcionales, por lo que el Ministerio Público queda habilitado de abrirle investigación penal.
Esto último se aprobó por 73 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones, casi la misma votación que la inhabilitación.
Ávalos es acusada de incumplir su mandato de denunciar al expresidente Pedro Castillo en determinados hechos de corrupción, y más bien abrir investigación al exmandatario y luego suspenderla hasta la terminación de su mandato.
Previamente, Ávalos se presentó ante el pleno para ejercer su derecho de defensa y señalar que la denuncia constitucional en su contra, carece de fundamento constitucional y jurídico, y más bien mucho de cuestiones políticas.
«La denuncia en mi contra no tiene ningún sustento ni fundamento constitucional jurídica, por el contrario, se pretende cuestionar mis decisiones jurídicas y desempeño funcional en base a pareceres de índole político», dijo Ávalos Rivera al ejercer su derecho a la defensa ante el pleno del Congreso de la República que hoy votará el informe final de la denuncia constitucional en su contra.
Ex fiscal acudirá a tribunales internacionales
Una vez que el Congreso aprobara la inhabilitación por cinco años en su contra, la ex fiscal de la Nación calificó el acto como un “nuevo atropello jurídico e institucional”, agregando que apelará “en las instancias correspondientes hasta que prevalezca la verdad”.
“Estoy evaluando acudir a organismos internacionales. El día de hoy (ayer) ha salido un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que justamente le dice (al Congreso) que tenga mucho cuidado. Tengo fe que impere (la ley). Me están denunciando por una infracción constitucional que no existió. Debe ser alguna revancha política o vendetta por las 43 denuncias constitucionales que yo he presentado contra altos funcionarios”, declaró Ávalos a la prensa.
En efecto, la CIDH expresó su preocupación por el caso de Zoraida Ávalos y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
“Conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no sólo cobijan a jueces sino también a fiscales”, recordó la CIDH en un comunicado de prensa.