Política
Congreso 2025-2026: Jerí al mando y la repartija de comisiones
Mientras el Congreso define el reparto de sus 24 comisiones, las bancadas priorizan intereses propios y cuotas de poder. La elección del cuestionado José Jerí como presidente del Legislativo no ayuda a recuperar la legitimidad del Parlamento, que finalmente logrará quedarse hasta 2026.
Con la reciente elección de José Jerí como presidente del Congreso —una decisión que ha generado muchas suspicacias por su cercanía con ciertos sectores cuestionados y en especial, serias críticas por la investigación fiscal en su contra, por presunta violación sexual— se abre un nuevo capítulo en la lucha por el control de las comisiones parlamentarias. A partir de la próxima semana, las bancadas comenzarán las “negociaciones” para definir quiénes liderarán las 24 comisiones ordinarias durante el periodo 2025-2026, en un contexto marcado por el transfuguismo y los intereses partidarios.
Los movimientos internos entre congresistas, como las renuncias e incorporaciones a distintas bancadas, alteraron el equilibrio de fuerzas dentro del Legislativo. Por ejemplo, Somos Perú y Juntos por el Perú-Bloque Magisterial han incrementado su representación, lo que les daría acceso a presidir dos comisiones cada uno. En el caso de la bancada Somos Perú, esta buscaría conservar la Comisión de Descentralización y añadir la de Educación, con el nombre de Alex Paredes como posible presidente.
Mientras tanto, la hegemónica Alianza para el Progreso (APP), fuera por primera vez de la Mesa Directiva, quiere retener la estratégica Comisión de Presupuesto, aunque la disputa incluiría también a Acción Popular y Podemos Perú. A su vez, Fuerza Popular buscaría continuar al frente de Constitución y no se descarta que intente recuperar la Comisión de Economía, cedida el año pasado a Ilich López de Acción Popular.
Otra comisión clave en disputa es la de Energía y Minas. El grupo que presidió Paul Gutiérrez —proveniente del ahora disuelto Bloque Magisterial— impulsó propuestas favorables a la minería informal y a las energías renovables (RER). Este año, Avanza País pretendería asumir el liderazgo con Diana Gonzales, aunque perdería otra comisión en el proceso.
El reparto de poder no se limita a lo económico. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales —que ha sido foco de críticas por su lentitud y por sus blindajes a algunos parlamentarios y a la propia mandataria Dina Boluarte— también está en la mira por la importancia de su poder fiscalizador. Alianza para el progreso (APP), que la presidió a través de la no menos cuestionada María Acuña Peralta, intentaría conservarla. La Comisión de Ética, por su parte, aún no ha sido asignada.
Más allá de la distribución formal, lo que se revela es un Congreso donde el cálculo político predomina sobre el interés público. La elección de Jerí y las pugnas por las comisiones evidencian una institucionalidad débil, donde las bancadas priorizan cuotas de poder antes que eficiencia o transparencia en la labor legislativa.