Congresista Waldemar Cerrón persiste en formalizar a colectiveros que fomentan la competencia desleal

Al fondo hay sitio para la informalidad. Manejar debería ser calificado como un ‘deporte extremo’ debido a la gran cantidad de ‘choferes asesinos’ que transitan libremente por las calles y avenidas; muchos de ellos manejando autos destartalados, sin faros, sin licencia de conducir, y con un inmenso registro de faltas de tránsito. Ni qué decir sobre aquellas personas que ofrecen el servicio de colectivo, recogiendo a personas a mitad de la calle, generando tráfico, compitiendo por pasajeros con empresas de transporte formales, sin que ofrezcan un servicio seguro.

Pese a todo ello, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, ha propuesto una iniciativa legislativa para permitir la operación de taxis colectivo en Lima y Callao, argumentando que la exclusión de estas regiones vulnera el derecho al trabajo de quienes se dedican a esta actividad. Según la revista Caretas, el congresista de Perú Libre sostiene que la mayoría de los limeños está insatisfecha con el servicio de transporte público y que muchas mujeres han sido acosadas en estas unidades.

La propuesta de Cerrón busca extender por diez años más el permiso para el transporte informal en autos colectivos, que actualmente está limitado a regiones fuera de Lima. Esta medida, según el congresista, es necesaria para garantizar un empleo digno a quienes dependen de esta actividad para su sustento económico.

Por otro lado, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte (CIT), en diálogo con la citada revista digital, ha expresado su preocupación sobre los intereses políticos detrás de algunos transportistas que apoyan el paro, los cuales, según él, están más allá de las demandas de seguridad para las empresas y trabajadores afectados por la extorsión y la violencia de bandas criminales. Ojeda también criticó el apoyo a la ilegalidad en el uso de vehículos M1 para el transporte colectivo.

El contexto de esta propuesta se enmarca en un sistema de transporte público en Lima que, a pesar de contar con un Sistema Integrado de Transporte (SIT), es utilizado por el 88% de los habitantes de la capital, según datos mencionados por Cerrón. La iniciativa ha generado debate sobre la formalidad y legalidad del transporte colectivo en la región.