Política
Congresista Ruth Luque presenta PL para derogar Ley que modificó el crimen organizado y el procedimiento de los allanamientos
Parlamentaria mencionó que con la reciente modificación de la ley “se está debilitando el sistema administrativo de justicia en el extremo de la intervención o allanamiento oportuno de los inmuebles de organizaciones criminales”.
La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley que propone derogar la ley 32108, referida al crimen organizado, recientemente promulgada, que eleva las penas de ilícitos para ser consideradas como organización criminal y dispone la presencia del abogado para realizar un allanamiento.
La iniciativa propone reincorporar la vigencia de las normas que fueron modificadas por esta ley, propuesta por la bancada Perú Libre y aprobadas en segunda votación por la Comisión Permanente el pasado 4 de julio.
La parlamentaria señala que la iniciativa se aprobó bajo el considerando de que estaba combatiendo la criminalidad organizada, “cuando en la práctica se está debilitando el sistema de administración de justicia en el extremo de la intervención o allanamiento oportuno a inmuebles de organizaciones criminales”.
“Eso, sin duda, obstaculiza la investigación y pone en riesgo los elementos de prueba a incautarse”., indica la iniciativa.
Recuerda además que instituciones como Comex Perú, el fiscal coordinador de fiscalías contra el crimen organizad, Jorge Chávez, Proética, criticaron la norma, señalando que favorecía a las organizaciones criminales y que tendrá un impacto negativo en la lucha contra la criminalidad.
Sostiene que la norma viene vulnerando directamente el derecho de acceso a la justicia, el combate al crimen organizado y atenta contra la imagen del sistema de administración de justicia y de la seguridad ciudadana, toda vez que los operadores de justicia no contarán con mecanismos legales que permitan actuar frente a la criminalidad.
Luque, además, fundamenta su propuesta en el cumplimiento del rol garantista del Estado en cuanto a la seguridad ciudadana y la lucha contra la impunidad y el crimen organizado, así como la protección del derecho a la vida, la propiedad y la tutela jurisdiccional efectiva.
“Por otro lado, la deteriorada imagen del Congreso justifica la presentación de esta iniciativa legislativa, más aún cuando se cuenta con una desaprobación histórica por parte de la población”, refiere.