En la actualidad existen en el Perú más celulares que personas, y muchos no pueden vivir sin esos aparatos electrónicos, convirtiéndolos en una herramienta indispensable, sean grandes y chicos. A propósito de ello, son los niños quienes dan uso de esos dispositivos no necesariamente para comunicarse telefónicamente, sino para distraerse en las redes sociales o meramente para el ocio de algún juego en línea.
La casuística da cuenta de que el uso inadecuado de estos apartados móviles ha afectado a los niños y adolescentes, en el sentido de que han sido víctimas de acoso escolar o ciberbullying.
Ante esta problemática, un proyecto de ley se erige como una alternativa de solución para contrarrestar el acoso escolar. Así se indica en el proyecto de ley de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular), quien presentó esta iniciativa legislativa, cuyo rótulo es “Ley que prohíbe el uso de celulares en instituciones de educación básica escolar pública y privada durante el dictado de clases”.
La prohibición del uso de celulares en los colegios nacionales y privados del Perú vuelve a estar en el ojo público luego de cinco años. Recordemos que en noviembre de 2018, el congresista de Frente Amplio, Rogelio Tucto, presentó el proyecto de ley N° 3679, el cual prohibía el uso de estos aparatos a los educandos de primaria y secundaria.
Ahora bien, tanto el proyecto de ley de Jáuregui de Aguayo como el de Tucto coinciden en varios puntos; no obstante, es menester indicar la diferencia de ambas iniciativas y abordar el contenido del reciente proyecto de ley.
En cuanto a la diferencia, es preciso indicar que esta iniciativa también prohíbe el uso de celulares a los estudiantes de inicial.
“Esta norma es aplicada a todos los estudiantes de educación básica regular de los niveles inicial, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas”, se lee en el documento.
Cabe precisar que el uso de cualquier otro dispositivo electrónico similar al aparato móvil también está prohibido durante el dictado de clases.
En ese sentido, la congresista busca reducir la exposición excesiva de estudiantes a internet, luchar contra el ciberbullying en los colegios, fomentar la mejora de la atención y rendimiento escolar; así como reducir la incidencia de enfermedades mentales entre los estudiantes.
La regulación no es aplicable a estudiantes que requieran atención especial como consecuencia de padecer alguna enfermedad o discapacidad que justifique el uso de algún dispositivo electrónico.
Finalmente, en el documento se indica que “las autoridades de las instituciones educativas públicas y privadas tomarán las medidas correctivas para estudiantes que incumplan lo dispuesto en la presente ley, tomando en cuenta criterios de gradualidad, reiteración y proporcionalidad”.