No le gustan las preguntas incómodas. La congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) no tiene mucha paciencia con los hombres de prensa y no lo piensa dos veces si ve a algún colega realizarle preguntas que no sean de su agrado.
Durante una sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas, realizado el pasado 20 de diciembre del año pasado en la provincia de Santa -Chimbote, donde se encontraba presente la parlamentaria, el periodista William Torres Carrasco, aprovechando un momento en la audiencia, se acercó hasta la mencionada legisladora para solicitarle una breve entrevista, a la que en un inicio Portalatino había accedido. Sin embargo, cuando el periodista empezó a hacerle preguntas relacionadas a una presunta venta de puestos de trabajo en el sector salud del Gobierno Regional de Ancash, en donde estarían inmersos su padre y su pareja sentimental, la parlamentaria cambió de actitud, llamando inmediatamente a su seguridad los cuales apartaron al hombre de prensa a empujones.
Pasaron los días y el jueves 11 de enero, el periodista recibió una notificación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, a cargo de la Dra. Ana Rosa Daza Vegaray, informando el inicio de una investigación preliminar en su contra.
La acusación contra Torres es «por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para obligarle a algo, violencia contra la autoridad elegida y perturbación del orden en el lugar donde la autoridad ejerce su función en agravio de Kelly Roxana Portalatino Avalos».
El periodista señala que en ningún momento actuó con violencia ni amenazas, solo cumplió con su trabajo de preguntar sobre un tema de relevancia pública. Torres Carrasco anunció que responderá junto a su abogado pues está plenamente seguro de que no cometió delito alguno.
ANP se pronuncia
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresa su solidaridad con el comunicador y considera que esta investigación preliminar sienta un nefasto precedente para la actividad periodística. Bajo ninguna circunstancia puede tipificar delito el formular una pregunta a una autoridad sobre un hecho de interés público.