Mamarracho por donde se le mire. Jorge Luis Flores Ancachi, congresista de la bancada de Acción Popular investigado por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su oficina y formar parte del grupo llamado ‘Los Niños’ y que habría blindado al ex presidente Pedro Castillo, es el autor del proyecto de ley que busca prohibir a los conductores, productores y directores de los medios de comunicación a contratar con el Estado hasta 12 meses después de que hayan dejado sus cargos.
La prohibición que propone Flores Ancachi se extendería a cónyuges, convivientes o los parientes del comunicador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, lo que afectaría a padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos del periodista. También a similares parientes de su cónyuge.
La justificación del legislador para proponer la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado es evitar un supuesto beneficio indebido a las personas que ejercen el periodismo en medios de comunicación televisivo, radial o prensa escrita. Sin embargo, para Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), detrás del proyecto hay una venganza contra los periodistas, afectando a sus familiares.
«El proyecto lo que busca es, en primer lugar, lanzar advertencias, amenazas, presentando estos proyectos de ley y si se aprobara es claramente una venganza contra la prensa que precisamente investiga y denuncia los actos irregulares cuando no corrupción claramente o actos delictivos en los que están involucrado lamentablemente mucho de los congresistas que suelen promover estos proyectos de ley», indicó.
Congresistas que firmaron proyecto ni lo revisaron y ahora deslindan de iniciativa
El proyecto tiene las firmas de apoyo de los legisladores Elvis Vergara, Gustavo Cordero Jon Tay, Darwin Espinoza Vargas, Luis Aragón Carreño y Wilson Soto. Sin embargo, algunos han marcado distancia, como Elvis Vergara, quien dijo haber suscrito el documento sin revisar su contenido.
«Por apoyar algunos colegas suscribimos algunos proyectos como coautores y suele suceder, no es lo que debería ser, no lo revisamos a profundidad. En este caso, no tenemos problemas, no hay mayor dificultad porque eso pasa a comisión y obviamente se tiene que evaluar y seguramente ahí se va a meditar qué es lo que realmente corresponde», manifestó.
En tanto, Luis Ángel Aragón Carreño, otro legislador que suscribió el documento, pidió al Oficial Mayor de Congreso el retiro de su firma porque el proyecto amenaza con transgredir el derecho fundamental a la libre contratación de los parientes de los profesionales de la comunicación, amparado en la Constitución.