Política
Congresista Jaime Quito sobre la contratación de Shirley Hopkins en el Mincul: «Lo que vemos en el Ministerio de Cultura es favoritismo»
El nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura ha generado indignación en el Congreso de la República.
En la penumbra de las instituciones públicas, donde el mérito profesional debería ser la única credencial válida, el Ministerio de Cultura ha vuelto a abrir un capítulo vergonzoso. Esta vez, el protagonista es el ministro Fabricio Valencia, cuya gestión ha sido salpicada por la sospecha, la opacidad y una indignante muestra de favoritismo. Al centro del escándalo: Shirley Hopkins, una señorada de 34 años de edad, locadora de servicios que, sin contar con título universitario, ha recibido contratos por un total de 127,500 soles en el Ministerio de Cultura.
La información ha sido revisada y contrastada en los documentos oficiales por diversas fuentes periodísticas. ¿Cómo se explica tal desembolso a una persona que no cumple con los requisitos mínimos para la función pública? La respuesta, aunque oficiosamente negada, parece estar en la relación personal que uniría al ministro con la beneficiaria. Testimonios recogidos de altos funcionarios del Mincul y una fuente clave de un viceministerio, apuntan a una presunta relación sentimental entre Valencia y Hopkins, lo que abre un enorme interrogante sobre la ética del funcionario y la legitimidad de las contrataciones.
El congresista Jaime Quito, miembro de la bancada de izquierda no ha dudado en elevar la voz: “Lo que vemos en el Ministerio de Cultura es favoritismo. Esto llegaría hasta una relación sentimental. Realmente este gobierno no da para más. Vemos una pobredumbre en todas sus instituciones. Aquí se tiene que investigar lo que realmente está pasando. Todo esto es totalmente cuestionable y condenable”, declaró con vehemencia. Las palabras de Quito resumen el sentimiento generalizado de hastío frente a una administración que prometió transparencia pero ha caído en prácticas similares a las que antes criticaba.
No es la primera vez que el Ministerio de Cultura se convierte en epicentro de un escándalo moral y administrativo. El recuerdo del caso Richard Swing —aquel consultor sin competencias evidentes que firmó millonarios contratos con el Estado en tiempos de Vizcarra— aún está fresco en la memoria colectiva. Swing se convirtió en símbolo de la utilización del aparato estatal para pagar favores personales y políticos. Hoy, con otro rostro y otro nombre, el patrón se repite: contratos sin sustento técnico, vínculos afectivos camuflados, y un silencio ministerial que ofende tanto como la falta de justicia.
Los presuntos delitos que podrían estar configurándose son varios: negociación incompatible, colusión, y hasta peculado doloso, dependiendo de lo que determine la Fiscalía. Y es aquí donde el Ministerio Público tiene una oportunidad de reivindicar su rol fiscalizador.
Mientras tanto, la cultura —la verdadera, la que necesita promoción, talento y recursos— sigue siendo la gran olvidada. Porque cuando el poder se usa para pagar favores del corazón, el arte y la ética terminan terminan siendo la última rueda del coche.