El reciente anuncio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre la participación de solo 41 partidos en las elecciones generales de 2026 ha desatado una serie de reacciones dentro del ámbito político peruano. La medida, que establece el límite para la inscripción de partidos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, ha sido vista por varios actores políticos como un acto arbitrario que atenta contra la pluralidad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En una entrevista a una radio local, Burneo explicó que solo aquellos partidos políticos que cumplan con los requisitos establecidos por el JNE podrán participar en los comicios de 2026. Sin embargo, esta determinación ha generado un fuerte rechazo por parte de algunos congresistas, que consideran que la exclusión de ciertos partidos podría vulnerar principios democráticos fundamentales.
Uno de los primeros que cuestionó lo dicho por el titular del JNE fue el congresista Guido Bellido Ugarte, quien, a través de su cuenta oficial de X, expresó su preocupación por las modificaciones en el cronograma electoral. Bellido subrayó que el 12 de abril de 2025, como fecha límite para la inscripción de partidos políticos ante el JNE, resulta ser «inadmisible» e «injustificado», ya que se ha alterado el calendario previamente establecido. Según el congresista, las fechas de inscripción, solicitadas por los partidos para las elecciones generales de 2026, habían sido modificadas sin un proceso adecuado de consulta.
Bellido también hizo un llamado a la Comisión de Constitución del Congreso para que revise y ajuste la normativa vigente, con el fin de evitar contradicciones que puedan restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. «Excluir a los partidos con inscripción vigente en el ROP hasta el 2 de agosto de 2025, como establece la fecha límite para la solicitud de alianzas, y hasta el 31 de octubre, como fecha límite para la inscripción de candidaturas en las elecciones primarias, constituye un acto contrario a los principios democráticos y a los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución», señaló Bellido.
El congresista agregó que, de mantenerse esta exclusión, se estaría cometiendo una arbitrariedad que pone en riesgo la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes, lo que, según él, es inaceptable en un Estado democrático.
Por su parte, otros parlamentarios también se han sumado a las críticas, señalando que la decisión del JNE podría generar un ambiente de exclusión política, limitando la competencia electoral y favoreciendo a un número reducido de partidos. Estos legisladores consideran que el JNE debe garantizar una mayor apertura para que todos los grupos políticos registrados puedan participar en el proceso electoral, sin barreras que puedan ser vistas como injustas o sesgadas.
La controversia en torno a la exclusión de ciertos partidos políticos plantea un escenario de incertidumbre de cara a las elecciones generales de 2026. Mientras tanto, el JNE ha defendido su posición, argumentando que las modificaciones en el calendario electoral son necesarias para asegurar el buen desarrollo de los comicios y la transparencia del proceso.
Lo cierto es que este conflicto refleja las tensiones políticas actuales en el país y pone sobre la mesa un debate clave sobre la equidad y la transparencia en los procesos electorales. La decisión final, sin duda, tendrá un impacto directo en la configuración del panorama político para las próximas elecciones y podría ser un tema central en la agenda pública de cara a los próximos meses.