Política

Congresista fujimorista presenta proyecto de ley para considerar como terrorismo a las personas que atenten contra supermercados y aeropuertos

Iniciativa presentada por el legislador Carlos Bustamante busca que se modifique el art. 2 del Decreto Ley 25475.

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Durante las protestas de los meses de diciembre del año pasado y enero, individuos aprovecharon el tumulto para atacar distintos establecimientos privados como negocios o aeropuertos, perjudicando a miles de ciudadanos que no decidieron unirse a las manifestaciones. Las perdidas son millonarias y miles de personas han perdido su única fuente de ingresos debido a que los negocios se vieron forzados a cerrar por tiempo indefinido.

Ante ello, el congresista de Fuerza Popular, Carlos Bustamante, acaba de presentar un proyecto de ley que busca que las personas que atenten contra los centros comerciales y aeropuertos pueden ser acusados por el delito de terrorismo. De esta manera se busca modificar el artículo 2 del Decreto Ley 25475, la que establece la penalidad para el citado delito y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Con esta propuesta de cambio en la norma será acusado por el delito de terrorismo el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio.

“Contra la seguridad de los edificios públicos, embajadas, locales y centros comerciales, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices, terminales terrestres, aeroportuarios y marítimos, o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública”, se acota en la propuesta.

Parlamentario de Fuerza Popular pretende extender los motivos para acusar de terrorismo. Foto: Congreso.

Asimismo, también, los que afecten las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad o de cualquier Estado serán reprimidos “con pena privativa de libertad no menor de veinte años.

“Las mal llamadas manifestaciones, han comprometido locales comerciales, así como también instalaciones aeroportuarias, entre otros. Frente a ello, resulta necesario que, el Estado (al amparo de su rol garante de seguridad poblacional) exprese una repuesta contundente frente al accionar violento de un grupúsculo de desadaptados”, se alega en la exposición de motivos.

Otro de los argumentos del fujimorista es por la información de que el sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso es partícipe activo de las protestas realizadas en el departamento de Ayacucho, lugar donde se detuvo a personas involucradas a dicho agrupación que hoy se encuentran con prisión preventiva.

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