Congresista Alejandro Soto exige la renuncia inmediata del procurador García, quien ayer no supo sustentar el pedido de traición a la patria ante el TC

La bochornosa actuación del procurador del Congreso, Yuri García, le ha traído muchas consecuencias negativas. Tan mala habrá sido su desempeño que el congresista Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) señaló que Yuri Iván García Cano debería ser retirado de su cargo tras la deficiente exposición que tuvo ayer durante la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) donde se analizó el recurso de habeas corpus del presidente Pedro Castillo para anular la denuncia por traición a la patria.

“Lamentable el accionar del procurador del Congreso de la República. Eso queda claro, queda evidente. No obstante, tenemos que señalar que el procedimiento para elegir al procurador es de la siguiente manera: el Ejecutivo; es decir, Castillo designa al procurador general de la República y este, a su vez, designa a los procuradores de los poderes del Estado. Creo que eso debería cambiarse porque lo consideramos un topo dentro del Congreso”, dijo a RPP Noticias.

En esa línea, el vocero de APP insistió en que sí existían argumentos válidos para sustentar la denuncia por traición a la patria e hizo una distinción entre los alcances del Congreso y la Fiscalía de la Nación.

“Sí habían elementos para sustentar ese pedido. Yo soy miembro de la Comisión Permanente. No puedo adelantar opinión. Pero voy a hacer algunas precisiones. Es bueno escuchar a constitucionalistas como, por ejemplo, al doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y él señala textualmente lo siguiente: los congresistas no somos jueces ni fiscales, de tal suerte que nosotros no calificamos si hay delito de traición a la patria. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que nosotros hacemos es determinar si existe o no infracción a la Constitución”, aseveró.

Como se recuerda, el Tribunal Constitucional celebró una audiencia para recibir los alegatos de la defensa legal del presidente Castillo y del procurador del Congreso por la denuncia por traición a la patria. En un momento, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse le preguntó Yuri García Cano, representante del Legislativo, si “la opinión es un delito”.

“Me pide mi opinión, señor magistrado, pero a quienes les corresponde el pronunciamiento es a los congresistas”, respondió el procurador.

Gutiérrez replicó: “No, señor abogado, usted es el procurador, usted viene en representación de los congresistas y usted tiene que dar los argumentos del Congreso”; a lo que García —con un evidente nerviosismo— trató de responder con solvencia: “Las intenciones que aparentemente habría tenido el señor Castillo antes de ser presidente, y su pronunciamiento brindado a nivel nacional e internacional siendo ya presidente en esta entrevista, es la de, alguna manera, una afectación al territorio nacional al dar salida a un país extranjero por territorio de nosotros. Si es que vemos el informe final, lo que está recomendando es un delito no consumado”.

Gutiérrez le contestó: “Conclusión, la opinión es un delito. Esa postura me preocupa mucho. Primero, porque estamos hablando de un país hermano como Bolivia y, segundo, porque usted se está tumbando décadas de políticas de integración latinoamericana”. En esa línea, el integrante del TC añadió que a personajes como Haya de la Torre, Orrego, Mariátegui o Basadre, que hablaban en favor de la integración latinoamericana.

“¿Usted pretende que la figura de la traición a la patria va a condenar la opinión o es que el presidente de la República desarrolló mayores acciones después de opinar?”, preguntó Gutiérrez.

La respuesta de García fue: “Materialmente, no”.

Tras la audiencia, el Tribunal Constitucional dejó al voto el recurso de habeas corpus de la defensa legal del presidente Castillo.