Política
Congresista Alejandro Cavero propone privatizar las cárceles en el Perú
Parlamentario de Avanza País precisa que se trataría de una colaboración “público-privada”.
En la actualidad existen ‘cárceles de oro’ donde los delincuentes más ‘rankeados’ cumplen sus condenas, pero sin estar privados de lujos como televisores de alta gama, licores, líneas celulares y hasta mujeres, todo ello en complicidad presuntamente de algunos malos efectivos del INPE.
Al respecto, el congresista de la bancada de Avanza País, Alejandro Cavero, presentó un proyecto de ley que busca privatizar la construcción y administración de cárceles en el Perú. El proyecto de Ley 8563/2024-CR busca «promover la inversión pública y privada en la construcción de establecimientos penitenciarios, a fin de fortalecer el sistema penitenciario nacional».
El documento señala que el sector privado podrá participar en la gestión y administración de establecimientos a nivel nacional «a través de la celebración de convenios de cooperación con las entidades públicas competentes».
La propuesta legislativa se sustenta en que existe una sobrepoblación del 130% en las prisiones peruanas. En ese sentido, indica que existen 68 instituciones penitenciarias con capacidad para albergar a 41,019 reclusos. Sin embargo, en la actualidad son 93,985 las personas que se encuentran recluidas.
En ese sentido, la propuesta del legislador de Avanza País indica que el Estado «promueve proyectos de inversión pública en infraestructura penitenciaria, especialmente en las regiones que presentan altos índices de sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos».
Asimismo, señala que «el Estado apoya a los gobiernos subnacionales en la gestión de las modalidades de Obras por Impuestos y Asociaciones Público Privadas para la construcción y administración de establecimientos penitenciarios, realizar el seguimiento a las obras y adoptar las medidas necesarias para promover la ejecución oportuna de los proyectos de inversión privada».
«Este proyecto de ley es una oportunidad para aplicar las figuras legales existentes que permiten la colaboración público-privada en la gestión de nuestras cárceles. La evidencia demuestra que estas colaboraciones han mejorado la eficiencia y transparencia en la gestión pública», aseguró Cavero.
Además, el proyecto establece que «el Estado promueve la participación del sector privado en la gestión y administración de establecimientos penitenciarios a nivel nacional, a través de la celebración de convenios de cooperación con las entidades públicas competentes».