Congresista Aguinaga, ¿amigo de una argolla de Torre Tagle?

Por: Rafael Romero

¿Cuál es el nivel óptimo de la fiscalización que un congresista o las comisiones a las que pertenece puede realizar sobre el Ejecutivo? El nivel puede ser alto, bajo o medio. Lo óptimo para un adecuado balance de poderes y la efectiva lucha contra la inmoralidad pública debería de ser un nivel alto.

El congresista Alejandro Aguinaga preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, integrada por mediáticos ciudadanos como los expresidentes del Parlamento María del Carmen Alva y José Williams Zapata, quienes deberían de exhibir un compromiso puntual para fiscalizar, precisamente, al Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya sede central fue por décadas el Palacio de Torre Tagle.

Si bien no hace mucho, el pasado 2 de octubre, la canciller Gervasi estuvo presente en la comisión Aguinaga para informar sobre los lineamientos de la política exterior concordantes con los objetivos estratégicos del Estado, así como también para responder acerca de los mecanismos de fiscalización que realiza su Ministerio respecto de las donaciones que llegan a las ONG, a través de la APCI, lo cierto es existen temas más urgentes que se están dejando de lado.

Por ejemplo, tras revelarse hace un mes, a partir de una sentencia del Poder Judicial, nuevos elementos sobre un complot perpetrado por una argolla de altos funcionarios que conspira para sacar o poner embajadores, hoy se cuentan con hechos concretos, gracias al caso Fortunato Quesada, para que la Comisión Aguinaga fiscalice a la canciller Gervasi en provecho de la meritocracia, idoneidad, integridad y ética en la gestión pública

La voz de la canciller Gervasi es importante, máxime cuando a partir de una resolución judicial salieron con más nitidez a la luz pública los nombres del exministro de Relaciones Exteriores Néstor Popolizio, actualmente embajador en Praga desde el 7 de diciembre del 2021, y del ex vicecanciller Hugo de Zela (hoy en retiro, pero pasible de investigación), así como de Pedro Rubín, nombrado hace pocos meses como cónsul general del Perú en Río Branco (Brasil).  En medio de todo esto, ¿con Popolizio continúa el vizcarrato en Cancillería?

El caso de sacar o poner embajadores fuera del conducto normal de la carrera diplomática, es decir a través de complots o trampas, no es cuento y debería de formar parte de la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. No hacerlo denotaría que el amiguismo, que hoy aparece dentro de los límites del Palacio de Torre Tagle, se estaría extendiendo a los fueros del Palacio Legislativo.

Por tanto, la responsabilidad de la Comisión Aguinaga es rechazar esa clase de inferencias o especulaciones, que ya existen en los corrillos políticos y diplomáticos del país. Para esto, la referida comisión congresal tiene no solo una sentencia del Poder Judicial, sino también dos documentos que en exclusiva referimos en esta columna.

Uno es el “registro de mensajes de WhatsApp de los diplomáticos comprometidos” en este escándalo, documento oficial y visado por la Embajada del Perú en Israel y fedateado por el jefe de la sección consular Víctor Alejandro Reynoso, que consta de 31 folios y está en manos de la ministra Ana Gervasi. El segundo documento es el “Informe (ORH) N° 011-2020-UARD/MRE”, firmado por Fátima Trigoso Sakuma, entonces Ministra y Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos de Cancillería, dirigido al Gabinete del Viceministerio de Relaciones Exteriores.

Lo que en esos dos documentos se revela haría sonrojar a cualquier cuerpo diplomático del mundo. Entre sus folios se demuestra que el complot existe en Torre Tagle y que hoy mismo podría estar actuando en medio de la nocturnidad o indiferencia de las autoridades de Cancillería y del Congreso, quizá con otros actores o con los mismos (Popolizio, De Zela y Rubín) frente a nuevas conspiraciones y encubrimientos que pueden explotar en medio de nuevos escándalos.

Sabemos que el pasado 17 de octubre, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, en el marco del Art. 96 de la Constitución y de los artículos 22 (inciso b), 69 y 87 del Reglamento del Congreso cursó un requerimiento a la canciller Gervasi, a través del Oficio N° 0175-2023-2024-CRREE-AAR, para que informe de sus viajes a Londres, Reino Unido e Irlanda del Norte, a las ciudades de Stuttgart y Berlín, en Alemania; a la Ciudad del Vaticano, Santa Sede y la Ciudad de Roma, en Italia.

Nadie duda de la importancia que tiene para la Comisión Aguinaga los resultados de los viajes de la canciller Gervasi o de la inquilina de Palacio, Dina Boluarte, pero existe el hecho concreto de que deben acometer fiscalizaciones más profundas, sobre todo cuando hay complots que atentan contra imagen internacional del Perú, revelados en los 31 folios del documento que consigna los mensajes intercambiados vía WhatsApp entre el teléfono del funcionario Rubín, hoy ministro consejero del Perú en Río Branco, y teléfonos de la Cancillería; o en los 29 folios del Informe de la ministra jefa de la ORH de Cancillería, Fátima Trigoso.

Eso implica que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso fiscalice a fondo los documentos señalados y debería pedir explicaciones a la Cancillería sobre las argollas y las conspiraciones dentro de la Alta Dirección del Servicio Diplomático, sobre todo cuando por tres o cuatro malos funcionarios no se va a desprestigiar la labor que otros integrantes de la diplomacia peruana realizan a diario.