Conga no va: PJ ordena cese inmediato de proyecto minero en Cajamarca

El proyecto Conga comenzó a tomar forma en 2010, cuando la empresa Yanacocha obtuvo la aprobación para iniciar las actividades de explotación minera. Sin embargo, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) generó una fuerte oposición en las comunidades locales debido a los posibles efectos sobre los recursos hídricos, lo que desembocó en una serie de protestas que paralizaron el proyecto en 2012.

Durante las manifestaciones que se desarrollaron entre 2011 y 2012, se registraron varios incidentes de violencia, incluyendo la muerte de cinco personas en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Desde entonces, el proyecto Conga se mantuvo en suspenso, pese a la inversión proyectada de más de 4.800 millones de dólares.

Es así que el Poder Judicial (PJ) de Cajamarca declaró fundada la demanda de amparo presentada por Marco Antonio Arana Zegarra contra el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Minera Yanacocha S.R.L., con relación al proyecto minero Conga.

El juez Marco Eloy Aquino Cruzado, de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, fundamentó su resolución debido a la amenaza que representa dicho proyecto para el derecho constitucional de los cajamarquinos a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, tal como “reconocido en el artículo 2.22 de la Constitución Política del Perú”.

El fallo emitido establece que la empresa Yanacocha deberá cesar cualquier acción que implique la violación de los derechos ambientales, y también deja sin efecto el  EIA aprobado en el 2010. Esta investigación, autorizado por la Resolución Directoral N° 351-2010-MEM/AAM, fue cuestionado desde su aprobación debido a las insuficiencias detectadas en las medidas de mitigación de los daños ambientales proyectados.

El documento judicial señala que la compañía no logró demostrar que las medidas previstas en el EIA pudieran mitigar los daños ambientales previstos, y advierte que las acciones emprendidas por la minera podrían constituir una amenaza directa al derecho a un medio ambiente adecuado y equilibrado. Además, se recalca que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Energía y Minas en 2010 no tuvieron en cuenta los riesgos potenciales a largo plazo para la región.

Por su parte, la minera Yanacocha, negó las acusaciones argumentando que las medidas de mitigación previstas en el EIA serían suficientes para controlar los impactos ambientales. Además, sostuvo que el proyecto Conga no generaría daños irreversibles a los recursos hídricos de la región. “A los acuíferos, sostiene que el sistema hidrogeológico local es controlado por la topografía y las dimensiones del mismo, en tanto los estudios están apoyados en casi 20 años de recolección de información hidrogeológica, así como en más de 100 pozos en el área de estudio y que en la segunda modificación del EIA del proyecto se ha presentado un modelo hidrogeológico actualizado”, replicó la parte de la defensa.

El fallo reciente del PJ representa un hecho importante en la lucha de las comunidades cajamarquinas por la protección del medio ambiente. Este proceso estuvo marcado por la intervención de diversos actores sociales, tanto nacionales como internacionales, quienes alertaron sobre los peligros que suponía la ejecución del proyecto minero en la región.