Opinión
Concepción Carhuancho: el juez que pone a los poderosos tras las rejas
A diferencia de otros jueces, Concepción Carhuancho enfrentó a expresidentes, líderes políticos y empresarios intocables. Su firmeza e imparcialidad lo convirtieron en blanco de campañas de desprestigio e intentos de recusación orquestados por quienes ven en su independencia una amenaza al sistema de impunidad.
El juez tarmeño Richard Concepción Carhuancho se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas y persistentes en la lucha contra la corrupción en el Perú. Desde los primeros coletazos del caso Lava Jato, su nombre ha sido sinónimo de firmeza judicial y de voluntad de enfrentar a quienes, desde el poder político y económico, han saqueado el Estado. Pero esa misma determinación lo ha puesto en la mira de fuerzas fácticas que no perdonan: empresarios millonarios, políticos influyentes, y operadores mediáticos que prefieren ver a jueces sometidos, timoratos, y no a independientes.
A diferencia de otros magistrados, Concepción Carhuancho ha trazado una línea de acción que ha incomodado a los actores más poderosos del país. Ha dictado prisión preventiva contra expresidentes corruptos como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, actualmente sentenciados y recluidos en el penal de Barbadillo. Y también contra figuras emblemáticas del fujimorismo como Keiko Fujimori, y contra poderosos empresarios que antes eran intocables, como los primos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña. Su imparcialidad y tenacidad lo han convertido en blanco de campañas de desprestigio, denuncias administrativas e intentos de recusación, como el impulsado por el investigado Jaime Yoshiyama.
Lo que está en juego aquí no es solo el destino de un juez incómodo, sino la posibilidad de que el Perú cuente con un sistema de justicia independiente que no se arrodille ante el grotesco poder económico ni ante la maquinaria política que busca impunidad.
Apresó a presidentes y millonarios
El historial de decisiones del juez Concepción Carhuancho habla por sí solo. El 9 de febrero de 2017, ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos por más de 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la licitación de la Carretera Interoceánica Sur. Hoy el corrupto Toledo Manrique cumple condena en el penal de Barbadillo.
Ese mismo año, el 13 de julio, el juez dictó prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, por haber recibido aportes millonarios de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS. Ambos han sido sentenciados a prisión, aunque Heredia se encuentra prófuga en Brasil.
Pero uno de los golpes más simbólicos fue el que alcanzó a los intocables del empresariado. En diciembre de 2017, Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra los omnipotentes José Graña Miró Quesada, Hernando Graña y otros ejecutivos de empresas socias de Odebrecht. La Fiscalía señaló que habían entregado sobornos al entonces presidente Toledo. Era un hecho inédito; el poder económico enfrentaba por primera vez una celda.
Como era de esperarse, la reacción del sistema ‘protector del poder’ no tardó. En marzo de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones revocó la medida y liberó a José Graña, cambiando su prisión por comparecencia simple. Poco después, fue excluido del proceso penal del caso Metro de Lima, gracias a su estatus de “colaborador eficaz”. La justicia parecía volver a su cauce habitual: indulgente con los poderosos.
Prisión contra el crimen organizado
La acción de Concepción Carhuancho no se limitó a la esfera política o empresarial. También enfrentó al crimen organizado. En 2015, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Gerald Oropeza, alias “Tony Montana”, y contra Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, ambos cabecillas del narcotráfico en el país. En 2017, impuso la misma medida contra Pedro Pérez Miranda, conocido como “Peter Ferrari”, vinculado al lavado de dinero a través de la exportación ilegal de oro.
En 2014, también ordenó la detención del entonces gobernador regional de Áncash, César Álvarez, por el caso «La Centralita». Álvarez fue luego condenado a 19 años de prisión. Cada uno de estos casos reafirma el perfil de un juez que no hace distinciones entre políticos, empresarios o criminales. Aquí no se trata de poner las manos al fuego por Concepción Carhuancho, porque sus acciones podrían ser perfectibles. No obstante, a través de ellas en los últimos años podemos colegir que su norte es la legalidad, aunque esta incomode.
El poder lo contraataca
En enero de 2020, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó prisión preventiva contra el exalcalde del Callao Juan Sotomayor y el excongresista de Fuerza Popular Víctor Albrecht, por corrupción en el caso de la empresa municipal ‘Slimp Callao’. Más recientemente, en noviembre de 2024, dictó detención preliminar contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y contra su abogado Mateo Castañeda, por organización criminal en el caso “Los Waykis en la sombra”.
Ante semejante prontuario de decisiones contra figuras influyentes, no sorprende que el sistema intente neutralizarlo. La ofensiva más reciente ha sido la difusión de un audio donde supuestamente el juez emitía opinión anticipada. Sin embargo, Concepción Carhuancho ha salido a desmentirlo con firmeza: “Ese audio es falso, trucho, es bamba. Ha sido creado con la finalidad de desprestigiarme”, declaró en una emisora local.
La fabricación de pruebas y la guerra sucia no son nuevas en contextos donde se quiere destruir a quienes tocan intereses prohibidos.
La consigna es deshacerse de Concepción Carhuancho
Retirar al juez Richard Concepción Carhuancho de los casos más sensibles no solo busca frenar procesos. Envía un mensaje de advertencia a todos los jueces del país: “quien ose enfrentar al poder será removido”. Se trata de un intento de restaurar un orden perverso donde los ricos, los políticos corruptos, los mineros ilegales y los narcotraficantes operan con total impunidad, sabiendo que el sistema judicial está a su servicio.
Las fuerzas que desean verlo fuera no se limitan a lo legal. Son políticas, empresariales y mediáticas. Actúan en las sombras, con recursos, influencias y conexiones que operan para construir impunidad. Lo que está en disputa no es el cargo de un juez, sino el principio republicano de que nadie está por encima de la ley.
El Perú, con todas sus heridas institucionales, no puede permitirse perder a los pocos jueces que todavía creen en la justicia como un bien público, y no como una mercancía negociable. Cautelar la labor de Concepción Carhuancho no es defender a un magistrado; es defender la posibilidad de un país distinto.