El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días multa. Entre los objetos, se considera, por primera vez, el equipo de telefonía celular.
Así lo dispone el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso, por amplia mayoría- 112 votos a favor y dos abstenciones- al decidir aumentar la pena, y con ello modificar el Código Penal que establecía, para estos delitos, una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con treinta a noventa días de multa.
De igual manera, modificó el Código Penal para que la pena privativa de libertad sea no menor de seis ni mayor de doce años para quienes resulten responsables de agravantes de los delitos en los casos de hurto agravado, robo y robo agravado, secuestro, extorsión, trata de personas y trabajo forzoso.
Además, si como consecuencia de estos delitos la víctima resulta con discapacidad permanente o pierde la vida, la pena será privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años.
El dictamen que reúne seis proyectos de ley de parlamentarios de distintas bancadas, fue exonerado de segunda votación con 109 votos a favor y una abstención, y con ello quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Américo Gonza Castillo (PL), sostuvo que el delito de receptación, es decir, cuando los bienes son provenientes de robo, hurto, hurto agravado, robo agravado, es pertinente una medida como la propuesta es viable para disuadir en el marco de una política prevencionista.
El congresista Segundo Montalvo Cubas (PL), uno de los autores de las propuestas, dijo que se busca regular donde hay un vacío legal, como el caso de delito de receptación agravada si se produce la muerte o lesiones graves a la víctima.
La congresista Francis Paredes Castro (BMCN), otra de las autoras, señaló que, si no se vendieran objetos robados, no habrían ‘mercados negros’ y que la receptación está aumentando y que la delincuencia aumenta también su ciclo delictivo.
El congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL), de igual manera autor de una de las iniciativas, dijo que se busca desalentar este delito que afecta tanto a la población.
Alejandro Muñante Barrios (RP) calificó la propuesta de razonable y Elvis Vergara Mendoza (AP), la calificó de excelente en el deseo de entregar mejores herramientas al aparato jurisdiccional.
El congresista Edgar Reymundo Mercado (CD-JPP), pidió sumar su proyecto de ley que busca incorporar al celular, en forma específica, como uno de los bienes que deben ser considerados entre los objetos del robo, lo que fue aceptado.