Por Rafael Romero
Presento como primera premisa para los lectores, entre los cuales hay honorables ciudadanos y autoridades, lo siguiente: la prensa tiene el deber de informar, de recibir a las fuentes y clasificar los datos para transmitirlos en el formato de contenidos periodísticos porque el periodista tiene el derecho a la libertad de expresión y el público el derecho a estar bien informado.
En segundo lugar, así como se exige calidad en todos los órdenes profesionales y de la vida diaria, tanto para el sector privado como el público, también se debe exigir buena calidad en la investigación periodística y ello implica cuidar la esfera deontológica y la ética en el rol de la prensa.
Por tanto, el periodismo debe tener los ojos bien abiertos para que, al margen de quien se trate, sea una persona pública o una monja, querida u odiada, jamás se deje usar al medio de comunicación como parte de una conspiración. Es decir, el periodista puede recibir las informaciones filtradas o infiltradas, pero nunca prestarse para ser parte de un engranaje tramposo o de un complot.
Es decir, el periodismo se debe hacer respetar y no ser cómplice de enjuagues políticos porque entonces se habrá dejado el rol de periodista para pasar a ser un actor político, cómplice o parte de una organización mafiosa que se dedica a hacer daño (a quien fuere) a cambio de prebendas y sinecuras.
En este contexto, ponemos bajo escrutinio público hechos y situaciones que van más allá de los nombres o de los personajes, porque cualquier ciudadano puede ser pasible de una trampa. Así tenemos el caso del programa Panorama, espacio que es el que coincidentemente ha presentado tres casos (Quesada, Vieira y Otárola) que después se revelaron como complots, y al mostrarlos no lo hago con ninguna finalidad para victimizar o justificar a Alberto Otárola, cuya actuación con dos ciudadanas les permitió obtener a ambas sendas órdenes de servicio por más de S/ 107,000, tema en el cual la Fiscalía y el Poder Judicial deben llegar a fondo.
Pues bien, el hecho concreto es que el primer complot aparece con una serie de pruebas que obran en expedientes de la Cancillería donde se involucra como parte de una conspiración a la periodista Rosana Cueva y al programa Panorama que ella condujo el domingo 17 de junio del 2018, el mismo que sirvió para destituir a la víctima de ese complot, el embajador del Perú en Israel, Fortunato Quesada Seminario. Las investigaciones de Torre Tagle y los PAD (procesos administrativos) corroboran que los autores del complot y su vinculación con el programa Panorama fueron Pedro Rubín, José Boza, Néstor Popolizio y Hugo de Zela.
Los hechos demuestran que Popolizio y De Zela han deteriorado la imagen y el prestigio de la Cancillería al haber participado en un comprobado complot, incurriendo en abuso de autoridad, más aún cuando sabían de antemano los detalles del premeditado escándalo mediático.
Sobre el caso Fortunato Quesada, víctima de un complot, sucede que, máxime cuando una Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima verá su expediente el próximo jueves 14 de marzo, un juez ya declaró nula la resolución ministerial de Néstor Popolizio y la resolución viceministerial de Hugo de Zela, con las cuales destituyeron al embajador Quesada, y se han declarado nulas esas resoluciones al evidenciarse que se vulneraron sus derechos y el debido proceso. Pero, el programa Panorama no se rectificó ni deslindó con la conspiración en el sentido de que su entonces periodista Cueva habría sido utilizada como engranaje mediático para atacar al citado diplomático que representaba al Perú en Israel.
En este artículo profundizaremos en este caso, que es el más antiguo, ya que se atacó al embajador Quesada el 17 de junio del 2018, y dejaremos para próximas columnas el complot contra el entonces congresista Roberto Vieira, acaecido en marzo del 2019, quien también cuestionó a Panorama, a Rosana Cueva y Marco Vásquez; y asimismo, a posteriori, abordaremos el affaire Alberto Otárola-Yaziré Pinero, caso recientemente sucedido, marzo del 2024, y donde esta pareja cuestiona al programa Panorama. No obstante, al respecto el periodista Beto Ortiz ha hecho revelaciones muy importantes y categóricas que han dejado descolocados a Panorama y al propio Marco Vásquez.
El lector podría revisar el programa “Beto a Saber”, ediciones del 4 y 5 de marzo últimos, y así corroborará la contundencia de Ortiz y sus críticas (sustentadas) contra Panorama y Vásquez. Ha dicho Beto que el caso Otárola “más que una primicia periodística fue un operativo político (…), es un complot dirigido por Martín Vizcarra”, y “lo grave es que se ha usado un audio”, acotó.
Sin embargo, tras esta digresión que he puesto en los tres párrafos precedentes, vuelvo al caso del embajador Quesada, víctima de un complot propalado por Panorama y fabricado dentro de la Cancillería entre enero y junio del 2018. Al respecto hay diez tesis interesantes que es importante tener en cuenta y que se desprenden de una investigación. Veamos:
1) En el caso Quesada, como en todos, debe primar la verdad, las pruebas irrefutables, la transparencia, la justicia y la Ley. No debe haber inmunidad ni impunidad.
2) El Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) contra el embajador Quesada nació nulo porque las grabaciones fueron sembradas y obtenidas de forma ilegal, sin la orden de un juez. De manera que es absolutamente anticonstitucional.
3) Se violó el debido proceso, el principio de imparcialidad y el principio de proporcionalidad por parte del entonces canciller vizcarrista Néstor Popolizio y de su viceministro Hugo de Zela.
4) No hubo delito alguno y todos los audios fueron editados y descontextualizados. Así se confirmó en los expedientes administrativos y lo corroboró el entonces chef de la embajada del Perú en Israel, Jesús Alvarado
5) En setiembre del 2020 salen los 31 folios de la Cancillería donde se verifica la planificación y la trama del escándalo mediático que, finalmente, se hizo público en junio del 2018. Este documento oficial es prueba irrefutable.
6) En diciembre del 2020 se evacuó el informe de la jefatura de Recursos Humanos de la Cancillería donde se señaló que Popolizio, de Zela, Boza y Rubín habrían cometido ilícitos penales.
7) Los Cancilleres Wagner, Maurtua, Landa, Rodríguez Mackay y Gervasi conocían estas pruebas irrefutables, pero los hechos públicos indicarían que ellos guardaron silencio cómplice, además del blindaje y del encubrimiento a Popolizio y De Zela. Esto afecta la imagen y el prestigio de la Cancillería. No puede ser que hayan pasado cinco cancilleres sin tomar acción en el caso cuando tenían a la mano pruebas irrefutables.
8) Si la Cancillería tiene capacidad de sanción, entonces también tiene capacidad de enmienda, de corrección y de solución de conflictos. ¿Dónde está esa capacidad, atribución y competencia?
9) Todo este complot socavó la institucionalidad de la Cancillería, maltrató la imagen internacional del Perú, pues el escándalo lo produjeron los conspiradores desde Lima y lo enfilaron hacia Israel, donde se encontraba como embajador Fortunato Quesada, víctima del complot.
10) Dentro del derecho administrativo, ¿dónde está la figura de la revocación, consignada en la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley N° 27444 y donde está la figura de la conciliación? Estas dos figuras bien podrían aplicarse por parte del canciller González Olaechea para dar una solución constitucional frente al agravio cometido por el Estado y el abuso del poder.
En síntesis, esta clase de casos, frutos del complot, deben hacer reflexionar a las autoridades, concretamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Poder Judicial, porque tienen mucho por hacer para que prime el Estado de derecho, las buenas prácticas, la justicia institucional, la verdad, la ética pública, la probidad, la transparencia y la integridad. Además, en materia de la calidad periodística y del transparente ejercicio de la libertad de prensa, separemos la paja del heno, porque los complots atentan contra los derechos humanos.
Moraleja: la prensa tiene que tomar previsiones, tiene que elevar la calidad de sus investigaciones y no dejarse utilizar por conspiradores ni corruptos, y ello al margen de contra quién se conspira, pues no se trata de tumbar a perico de los palotes o al más encumbrado de los mortales, ya que conspirar viola los derechos fundamentales. De manera que, al margen de apellidos o cargos públicos, se trata de defender al ciudadano como tal frente a un complot, venga de donde viniere. Formulamos votos para que no se descomponga más la administración pública en el país en medio de los complots y que esa vorágine malsana de venganza no termine por arrastrar el periodismo hacia una cloaca.
