Política
Comisión de Constitución aprueba dictamen que para otorgar amnistía a militares y efectivos de la Policía procesados por violar los derechos humanos
Miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa vienen siendo procesados por hechos acontecidos durante la época del terrorismo, entre los años 1980 y 2000.
Sí, lo volvió a hacer Fuerza Popular. La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó recientemente un dictamen para conceder una amnistía a efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y Comités de Autodefensa que vienen siendo procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
Tal iniciativa legislativa busca beneficiar a aquellos efectivos que enfrentan denuncias, investigaciones, procesos judiciales o incluso sentencias firmes por crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, excluyendo únicamente a los acusados de terrorismo o corrupción.
Esta propuesta pretende cerrar procesos penales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, catalogadas por el Ministerio Público como “ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Según los promotores, esta medida responde a la necesidad de resolver casos prolongados, argumentando que algunos procesos han excedido un “plazo razonable”.
“Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías, en realidad son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas”, refirió el parlamentario fujimorista.
Expertos aseguran que se estaría perpetuando la impunidad
Desde la Defensoría del Pueblo subrayan que una amnistía debe responder a “situaciones excepcionales” y respetar “criterios de proporcionalidad y razonabilidad”, o será “inválida por inconstitucional”.
Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga califica la propuesta como “jurídicamente inviable” por contravenir los compromisos internacionales del Perú. Similar postura tiene la fiscal Diana Paico, de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, alerta que la iniciativa “violentaría el derecho al debido proceso, a la verdad y a la justicia de las víctimas”. Aprobar esta ley, advierte, expondría al Perú a sanciones internacionales, comprometiendo su compromiso con los tratados ratificados desde 1981.
Los opositores enfatizan que la amnistía no solo perpetuaría la impunidad, sino que abandonaría a las víctimas y sus familias, negándoles justicia por crímenes documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
El dato:
La votación en el grupo de trabajo encabezado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) concluyó con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.