Política
Comisión de Constitución aprobó reforma para abrir ‘juicio político’ contra titulares del JNE, ONPE y Reniec
La propuesta fue respalda con 16 votos a favor para establecer que los jefes del Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y la Reniec sean incluidos en el artículo 99° de la Constitución, donde se señala que las autoridades podrán ser sometidas a un juicio político y ser acusados constitucionalmente.
Este martes 9 de abril, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un proyecto de ley para que las autoridades del sistema electoral ―sea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)― puedan ser sometidos a un juicio político para concluir con sus posteriores destituciones.
Con 16 votos a favor, de parte de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú, Unidad y Diálogo, y Acción Popular, se respaldó el dictamen para modificar el artículo 99° de la Carta Fundamental.
El dispositivo legal indica que la Comisión Permanente puede acusar constitucionalmente ante el Parlamento al «Presidente de la República; a congresistas; a los ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional, a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas».
En el párrafo se incluirá a los jefes del JNE, ONPE y el Reniec. Sin embargo, la propuesta se tendrá que elevar al Pleno como última instancia. No obstante, al ser una reforma constitucional se requieren de 87 votos en dos legislaturas ordinarias consecutivas para que entre en vigencia.
Comisión de Constitución del Congreso liderada por Martha Moyano.
La legisladora Martha Moyano, titular de la Comisión de Constitución, durante el debate citó la última sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del 2023, donde se recomienda que las autoridades electorales tendrían ser sometidos al antejuicio político; es decir, en caso cometan algún delito se les pueda levantar su inmunidad para que el Poder Judicial pueda procesarlos.
Adicionalmente, Moyano alegó que los parlamentarios tenían el derecho de que los encargados del JNE, ONPE y el Reniec también puedan ser pasibles de una denuncia constitucional.
El JNE rechazó la norma
Antes de que se aprobará la norma en el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado mostrando su rechazo.
“Es pertinente hacer presente que ni el JNE ni los demás organismos del Sistema Electoral han sido convocados a la sesión de la comisión”, indicó en el comunicado.
Asimismo, el JNE indicó que este tipo de normas puede promover la «impunidad o ausencia de control». Además, cuestionaron que el Congreso tenga una «valoración política y no jurídica» para denunciar a las autoridades electorales, lo cual va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH.
