Colegio de Arqueólogos del Perú exige la renuncia de la ministra de Cultura Leslie Urteaga

El Colegio de Arqueólogos del Perú, a través de los integrantes del Consejo Directivo Nacional y las Presidencias de los Consejos Regionales Sedes Norte, Sureste y Suroeste (COARPE) piden la renuncia de la ministra de Cultura Leslie Urteaga, la Viceministra Haydee Rosas Chávez y la directora de Patrimonio Arqueológico Inmueble Shirley Mozo, debido a que el 8 de julio pasado el portafolio de Cultura publicó en el diario oficial El Peruano, el Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la Resolución Ministerial Nº 0000265-2023-MC.

Si bien, la ministra Leslie Urteaga siempre fue cuestionada en años anteriores por su gestión desde que fue viceministra y por no haber defendido el patrimonio cultural tal como lo estipula la ley; esta vez en su calidad de titular de la cartera ha recibido el rechazo de los arqueólogos del Perú, porque de modo arbitrario han emitido una propuesta de reglamento que no ha sido debatida ni discutida, al no haber pedido la opinión de los colegios profesionales, ni de la sociedad civil, ni de los especialistas que se encuentran en el propio ministerio. Prácticamente han emitido un mamarracho de un modo no habitual.

Resulta que, desde el ministerio de Cultura pretenden poner “categorías” a los niveles de intervención del patrimonio cultural, para así poder “regularizar” y eso es algo que no deberían hacer, porque estarían estimulando la regularización y como todos sabemos que el patrimonio es un recurso no renovable, no debe haber regularización, porque se pondría en peligro el mismo.

En el comunicado publicado por COARPE los arqueólogos agremiados observan con preocupación que el Mincul haya publicado el proyecto que modifica el Reglamento sin haber coordinado las modificatorias propuestas, previamente, ni con sus áreas técnicas, ni con otras entidades públicas competentes. Además, vislumbran con mayor asombro que las personas que redactaron la propuesta legislativa desconocen que el propio Ministerio de Cultura modificó la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Los arqueólogos consideran que es alarmante el proceder de la ministra Leslie Urteaga y que a pesar de que su actual gestión manifiesta que hay una política de “puertas abiertas” y de “dialogo con todos”, en realidad, no existe un dialogo en los temas que sí son competencia y función del ministerio de Cultura y su creación.

Luego de haber revisado el Proyecto que modifica el Reglamento, los arqueólogos consideran que el impacto es negativo: como la propuesta de modificatoria que permite “alteraciones” a los bienes culturales inmuebles (artículo 28.2) y según la ley, éstas no pueden ser permitidas porque atentan contra la protección del patrimonio.

Otro punto preocupante del comunicado, se refiere al retiro de condición cultural. Y los arqueólogos se preguntan ¿si este retiro es de carácter excepcional? ¿Cómo se puede realizar solo a través de una “verificación”? ¿Sin el resultado del estudio técnico respectivo?

Esto demuestra el “valor” que tiene el patrimonio cultural para quien propuso la modificación de la protección de los bienes culturales inmuebles y que pretende que estos puedan ser despojados de su condición solo con una verificación, y no con un análisis de los especialistas.

Es decir, el ciudadano es el que podrá decidir qué intervenciones se pueden realizar en los bienes integrantes del patrimonio cultural; incluso, sin comunicarlas al Ministerio de Cultural.

Finalmente, el COARPE rechaza y se opone a la aprobación del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento y están sorprendidos que la ministra Leslie Carol Urteaga Peña, la Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Haydee Victoria Rosas Chávez, y la Directora General de Patrimonio Cultural y Directora de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Shirley Yda Mozo Mercado, pese a que han trabajado en más de una gestión en el Ministerio de Cultura, avalen esta propuesta de modificatoria del Reglamento de la Ley 28296 y por tanto, exigen la salida de todas ellas, porque su accionar atenta contra el cumplimiento de la funciones y competencias de los cargos encomendados y las normas que los sustentan.