El Colectivo Madres Migrantes Maltratadas (MMM) organizará este viernes 12 de mayo de 8 a 10 de la mañana un plantón y performance frente al local principal de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), demandando un cambio real de la actual política migratoria, en especial con mujeres, niños y personas de la tercera edad con familia peruana, y el cese del manejo arbitrario y discriminatorio por parte de los funcionarios y autoridades de las leyes y reglamentos existentes.
La nueva Ley de Migraciones 1350 dada por este gobierno, así como el Decreto Supremo 001-2017 IN para otorgar el Permiso de Permanencia Temporal (PTP) a los extranjeros residentes, padres y madres de menores de edad peruanos, si bien supusieron un avance frente a las normas existentes, se quedó en soluciones precarias para algunas, al criterio arbitrario de los funcionarios de turno, sin contemplar los derechos de las madres de familia, niños y personas mayores víctimas de abusos, discriminación, abandono y violencia familiar, que no podían cumplir los requisitos arbitrarios establecidos por la burocracia.
Lo más grave es que todo esto se da en medio de una peligrosa escalada de política xenófoba por parte del gobierno, alimentada irresponsablemente por algunos medios de comunicación, con expulsión de grupos de extranjeros de diferentes nacionalidades de forma inmediata y sin mayor posibilidad de defensa por parte de la policía migratoria. Todo lo cual se esconde con las facilidades que reciben los ciudadanos venezolanos para residir en Perú, lo que no se aplica con el resto de naturales de otros países, que tienen en muchos casos varios años de residencia, familia y arraigo.
El colectivo es integrado por mujeres extranjeras residentes en el Perú, la mayoría esposas y madres de peruanos. Dentro de MMM también hay mujeres peruanas que son esposas de extranjeros. Lo que nos une a todas es que hemos sufrido graves problemas migratorios. En gran parte debido a una legislación que no contempla a las personas y resulta predominantemente machista. Y, en parte también, por el sesgo discriminatorio con el que nos tratan funcionarios de diversas instancias del Estado peruano (Migraciones, Policía Nacional, Poder Judicial, etc.).
Muchas de las integrantes han sufrido y siguen sufriendo maltratos físicos y psicológicos por parte de sus parejas. El agravante es que, por nuestra situación migratoria, nos encontramos en un mayor grado de indefensión, al no contar con redes familiares ni amicales que puedan apoyarnos.
Lamentablemente todavía la residencia en el país depende de la pareja y no de nuestros hijos. Por más que la nueva Ley diga que deben cautelarse los derechos de mujeres, niños y personas vulnerables que viven en el país, en la práctica se establecen requisitos imposibles de cumplir y discriminatorios para que la mayoría pueda acceder a la residencia, como los ingresos en UIT, en un país dónde el sueldo mínimo ni siquiera alcanza un tercio de esta unidad.
